En busca de un juez amigo | Cristóbal también quiso evadir el lugar de origen de sus empresas

El empresario que más dinero hizo durante el kirchnerismo pasa sus días escapando de la Justicia. Literalmente. Las maniobras para desconocer a los jueces federales. 

Parece que a Cristóbal López le gustaría cambiar algunas cosas de su pasado, como colocar a sus empresas en territorios de jueces macanudos. Desde el momento mismo en que el periodista Hugo Alconada Mon dio a conocer la inmensa deuda de al menos 8.000 millones de pesos que tienen las empresas del grupo Indalo con el fisco nacional, el dueño de ese grupo, el empresario polirrubro intenta encontrarle la vuelta para impedir el desguace de su imperio y, quizás, evitar el camino judicial que lo conduzca a la cárcel por evasión.

La última estrategia de Indalo es tan arriesgada como creativa, si tomamos como parámetro la creatividad de un pibe de la primaria: conseguir un juez que diga que todas sus empresas son de la provincia de Chubut y así evitar que el gobierno nacional pueda cobrarle las deudas que arrastra. Sí, de un modo simplificado, sería algo así como "me busco una justicia que me siente mejor".

Todo comenzó el 14 de marzo de este 2016, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) informó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que la empresa Indalo solicitaba dividirse en varias compañías independientes. En el pedido se incluyó una solictitud para que la empresa petrolera Oil Combustibles Sociedad Anónima, y la concesionaria de camiones Scania, Feadar Sociedad Anónima, cambiaran su domicilio legal a la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La IGJ hizo un informe de los documentos del grupo y concluyó que las 19 empresas que lo conformaban son una misma unidad económica y le envió todos los comprobantes al Juzgado Federal en lo Penal Económico n°11, donde tramita el pedido realizado por el grupo Indalo.

Mientras todo esto ocurría las empresas de Cristóbal López ya estaban bajo sospecha y la sociedad civil ya había sido informada de los métodos de evasión impositiva del buen hombre, como así también de los montos implicados en la maniobra (¿Qué son unos cuantos millones de dólares?), de manera que mudarse de jurisdicción y desmembrar al grupo resultaba de por sí sospechosa.

A lo que habrían apuntado los directivos de Indalo es a obtener un trato más benévolo de la Justicia. Se ve que tiene más confianza en Gustavo Toquier, el magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución n°1 de Comodoro Rivadavia, que había hecho lugar al pedido de Indalo para que la sociedad fuera inscripta como radicada en la provincia de Chubut.

El juez Toquier estuvo además de acuerdo en tomar para sí el pedido de concurso preventivo que hicieron los dueños de Oil; medida solicitada por Indalo el 31 de marzo, concedida por el juez chubutense el 5 de mayo, y que les permitiría afrontar en mejores condiciones la demanda por el pago de impuestos que le inició la AFIP. Un dato que no es menor: otros juzgados ya habían negado a Indalo la posibilidad de cambiar de lugar de nacimiento en tanto existieran otras causas en trámite. Detalles. Al día siguiente, y siempre tomando por lógica y cierta la radicación de Oil como empresa chubutense, el mismo juez levantó la medida cautelar que impedía realizar movimientos societarios dentro del grupo Indalo. Todo normal, menos para el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, quien reaccionó ante la medida tomada por su colega y, tomando los argumentos de la IGJ, prohibió mudar la empresa a Chubut, además de designar veedores en Oil y otras dos empresas de López para evitar que hicieran cualquier tipo de movimiento para ocultar o alterar la información societaria.

El 5 de abril la IGJ volvió a rechazar un pedido de Indalo para radicarse en Chubut, argumentando que existían medidas cautelares previas de otros juzgados que impedían el cambio de domicilio legal para Oil y Feadar, de manera que cualquier medida tomada por el juzgado de Comodoro Rivadavia resultaba nulo. En el mismo escrito de rechazo se le recordó a los solicitantes que existe una causa caratulada “AFIP contra Oil Combustibles SA sobre Medida Cautelar" que impide modificar la estructura societaria del grupo. A esa altura ya quedaba claro que la justicia chubutense no sólo estaba de acuerdo con la radicación de Oil en su territorio, sino que además estaba dispuesta a trabajar para lograr que Cristóbal López lograrse su propósito. Por eso, el mismo 5 de abril la IGJ envió una nota formal para evitar que esa jurisdicción se arrogara el derecho de inscribir a la petrolera en el registro provincial. El organismo tuvo que hacer lo mismo con Feadar y dar parte a los juzgados federales en Contencioso Administrativo n°2 y Penal Económico n°11 poniéndolos al tanto de la maniobra de sus directivos. Sucede que, alertado de la noticia de la aceptación de la inscripción de Oil en la Inspección General de Justicia de Chubut, la IGJ nacional tuvo que salir a recordarles que estaban obrando de manera ilegal.

También ese 5 de abril la IGJ volvió a comunicarse con la AFIP para informarles que Telepiú SA, operadora del canal de noticias C5N, había sido incluida en otra causa por evasión impositiva, esta vez en el juzgado Penal Económico n°9 a cargo del juez Javier López Biscayart. De ese modo, se evitó probablemente que el canal donde Daniel Scioli fue presidente de la Nación por unos minutos, fuera otra de las empresas que emigraban a Chubut.

Para evitar que el intento de pasarse a la órbita del Estado chubutense prosperara de manera definitiva, la IGJ dispuso una inspección en la sede central de Oil, ubicada en avenida Córdoba 657 de la ciudad de Buenos Aires que, como sabemos –y hasta que alguien diga lo contrario– no forma parte del territorio chubutense. Para variar, la sorpresa no pasó por lo que encontraron, sino por lo que faltaba: libros societarios y contables. Suponiendo que los directivos de la compañía los habían mandado a Chubut conforme a su deseo de trasplantarse a esa provincia, intimaron a la empresa a reconocer que su domicilio estaba fijado en la capital argentina y que no había modo de justificar su traslado a otro registro del interior.

Ante la presión de la IGJ, el titular de homóloga chubutense, Jorge Acosta, se reunió con sus pares del ente nacional el 28 de abril en la sede porteña. En la reunión, Acosta admitió que la petrolera de López “no contiene ni formaliza la inscripción de cambio de jurisdicción”. O sea: toda la maniobra de Indalo para obtener un trato jurídico más benevolente quedó expuesta ante la confesión del funcionario chubutense.

No obstante las desprolijidades del grupo –y como si las advertencias no les hubieran llegado– el 22 de abril el grupo Indalo volvió a hacer un cambio societario pese a las restricciones que le había impuesto la justicia. Fue cuando las compañías “Generali Argentina Compañía de Seguros SA”, “Caja de Seguros SA” y “Assicurazioni  Generali SPA” transfirieron sus tenencias accionarias a favor de “Global Investments SA” y de “Indalo Petróleo e Inversiones SA”, dos empresas del grupo de Cristóbal López que estaban inhibidas para realizar tales operaciones.

Hablemos de dinero. Si tomamos en cuenta sólo el pase de acciones de "La Caja", se movieron 32.000.001 acciones, cuyo valor individual era de un peso cada una al momento de la jugada. En el caso de Assicurazioni Generali SPA, la cantidad de acciones involucradas fue de 49.391.208 por idéntico valor. Un detalle al paso: la aseguradora Generali está bajo sospecha de haber sido usada para desviar los fondos de la retención de impuestos realizada por Oil SA y que nunca fueron pagados al Estado nacional.

Para concretar la maniobra, desde las oficinas de Cristóbal se valieron de las cautelares que les otorgaba el juez de Comodoro Rivadavia, aunque los abogados de la IGJ le hicieron notar que en las justificaciones de su fallos se copiaban los argumentos presentados por los letrados de Indalo, como si los escritos hubieren sido escritos por el mismo autor. 

El 15 de junio, el juez Toquier volvió a exigirle a la IGJ que le envíe el legajo societario de Oil SA para seguir adelante en la causa que buscaba beneficiar a Cristóbal López. Una semana después el asunto se volvió más complejo cuando la IGJ le pidió a la Corte Suprema de Justicia que tome el caso y decida dónde debía inscribirse finalmente a las empresas del grupo Indalo. En tanto, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°10, Julián Ercolini, pidió a la IGJ todos los legajos societarios del grupo Indalo para la causa 4943 del registro de ese juzgado, donde se investiga la actividad de Cristóbal López y sus socios. Es precisamente este tipo de información la que permitiría desentrañar las maniobras de evasión que ya se conocen por parte de Indalo, y otras que pudieran haberse realizado en otras compañías del grupo.

 La obcecación del magistrado Toquier por mantener la identidad chubutense de Oil lo llevó incluso a desoír la conclusión de la Procuración General de su provincia, que el 25 de junio dictaminó que el expediente de la quiebra de Oil Combustibles debe remitirse a Buenos Aires en razón que se trata de una compañía radicada en la IGJ y que, por lo tanto, no corresponde tratarla en el  fuero local. Amparado por el juez de Comodoro Rivadavia, Cristóbal López todavía intenta pasar por encima del cerco judicial y mover sus piezas para hacer frente a la acción de otros fueros competentes en las causas en su contra. La cautelar a favor que le otorgó el juez Toquier creó una situación ambigua desde el punto de vista legal que los directivos de Indalo parecen dispuestos a aprovechar para salvar lo que queda antes de quedar atrapados en una causa por evasión que podría conducirlos a la gayola.

El propio juez Toquier tiene mucho por perder en su defensa de la posición del grupo Indalo, como su laburo de juez, por poner un ejemplo: la AFIP lo denunció por las irregularidades en la causa Oil y el caso se trata actualmente en el Consejo de la Magistratura. Aunque Toquier insiste en decir que está aplicando la ley a rajatablas, las fuentes en Chubut insisten que comparte su tiempo libre con empleados locales del grupo Indalo. 

El mayor problema para los intereses del Estado nacional hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia que, entre otras causas que le queman al Poder Ejecutivo, también tiene que resolver por la radicación de las empresas de Cristóbal. Y mientras el supremo tribuna prolongue su demora, el grupo Indalo puede insistir en comportarse como una empresa radicada en Comodoro Rivadavia, donde casi no tiene empleados y sus directivos rara vez fueron mientras construían un emporio que vale miles de millones de pesos. Descontando los 8.000 millones que le deben al Estado, claro.