Rigurosamente vigilados: La verdad sobre Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou, en una bóveda de la IGJ

Por Ignacio Montes de Oca, José M. Stella y Marcos Pavesi

Nota 34-14, que pide "guarda" de expedientes

¿Está involucrado el estado nacional en una maniobra para esconder del escrutinio público a la empresa Hotesur SA y a otras compañías vinculadas tanto a la familia Kirchner como al vicepresidente Amado Boudou? Al parecer, dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) se produjeron algunos movimientos poco claros para que un grupo de expedientes relacionados con la empresa de la presidente y su entorno sean colocados a resguardo de quienes buscan indagar en los detalles de su funcionamiento, sus números y de sus autoridades. Y, como si fuera un cuento borgeano, los documentos que podrían vincular a la familia Kirchner con la corrupción duermen en el espacio preferido por el patriarca del clan, en una bóveda vigilada por algunos de sus más fieles seguidores. 

Siempre se sospechó que las empresas vinculadas a los funcionarios de más alto rango gozaban de mucha protección desde los organismos estatales. En particular, cuando se trataba de ocultar datos a jueces y periodistas interesados en revelar el entramado de actividades ilegales que podrían rodear su creación y funcionamiento.

La Inspección General de Justicia, el órgano que registra las compañías y su composición societaria, es probablemente el ente estatal más cuestionado. Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien reconoció que “en todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente”. La confesión del ministro sucedió en octubre de 2014, cuando se conoció que en la IGJ se habían “perdido” los expedientes de las empresas “Old Fund”, “London Supply” y la “ex Cicccone Calcografica”, relacionadas con un oscuro manejo que ligaba al vicepresidente Boudou con la compra irregular de la imprenta. Vale aclarar aquí, que Alak dijo que el expediente de estas empresas pudo luego ser "reconstruído" porque los archivos estaban digitalizados.

(Eliminando Variables) tuvo acceso a documentos que prueban que tal protección existe. Las autoridades de la IGJ dejaron por escrito su intención de convertir en “material reservado” los expedientes de Hotesur SA y Austral Construcciones SA, por la parte presidencial,  y un grupo de compañías vinculadas a Amado Boudou, como Habitat Natural SA, Searen SA, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y Ruta Rentals SA.

Memorándum 541 del 12 de noviembre del 2014

Semejante interés pareciera relacionarse con la importancia que va adquiriendo la causa Hotesur a medida que se van conociendo nuevos detalles de su funcionamiento, además de la posible existencia de vinculaciones financieras cuestionables con el grupo de Lázaro Báez, un empresario de fuerte cercanía con la familia Kirchner.

Se sospecha que a través de Hotesur SA se estarían lavando dádivas recibidas a cambio de contratos otorgados a Báez. El primer magistrado a cargo de la investigación, el juez federal Claudio Bonadío, logró algunos avances. Pero fue sacado  de la causa por la Cámara Federal en julio de 2015 por pedido de la defensa. El argumento a favor del apretamiento fue un procedimiento realizado por Bonadío en la ciudad de Río Gallegos para lo cual se utilizó un grupo de la Policía Metropolitana porteña. Con la salida de Bonadío, la causa cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, célebre por emitir fallos controversiales a las investigaciones que rozan al poder.

Con Rafecas  y su predecible comportamiento judicial, el peso de las investigaciones quedó casi totalmente a cargo del periodismo. Pero, para poder horadar el misterio sobre Hotesur SA y sus vínculos societarios, es preciso conocer su composición accionaria y balances. Es allí donde entra en escena nuevamente la IGJ, una repartición que desde hace años es manejada por el grupo juvenil del Kirchnerimo, La Cámpora.


Pongan todo bajo resguardo

El 14 de noviembre de 2014, el Dr. Carlos Alberto Flores, jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la IGJ, le envió a la Delegada Administrativa, Lic. Karina Bellizi, la nota N° 34/14 en la que le ordenaba “poner en guarda las copias certificadas de los trámites…” y luego citaba a un grupo de seis empresas por su nombre y número de trámite.

La “puesta en guarda”, significa quitar del acceso público las carpetas de una sociedad "sensible" y alojarlos en oficinas de los directivos. A diferencia de los expedientes comunes a los que se llega con el mero pago de una tasa, los trámites bajo guarda son algo más difíciles de acceder.

En otras palabras -de acuerdo a dos fuentes de la IGJ consultadas por los autores de este blog-, quien acude por la ventanilla del público a buscar los trámites que están en esa condición, van a recibir como respuesta que dichas carpetas no están disponibles. Deberán por lo tanto reiniciar su pedido para que quienes tienen la custodia les permitan acceder a ellos. Pero ese proceso, además,  implica saber si pedirlos al Inspector General, a la oficina de judiciales u otra oficina. Mientras hacen ese trámite alertan a las autoridades de la IGJ la procedencia de la solicitud, un asunto crucial si se trata de un periodista o un miembro de la oposición. Y, todavía, les queda afrontar la instancia de ver denegada su respuesta, que puede tardar meses en llegar.



Nota de cumplimiento de pedido por parte de Bellizi

Ahora bien: la nota 34/14 no fundamenta el pedido ni describe el criterio para pedir que ese grupo de empresas sean enviadas a resguardo. El denominador común de estas seis compañías es que todas ellas forman parte de la fórmula presidencial que ganó en las elecciones del año 2011.

En la nota se pide expresamente la protección burocrática  de las empresas Hotesur SA, Habitat Natural  SA, Austral Construcciones SA, Searen SA, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y Ruta Rentals SA.

En cada caso, se adjunta una serie de números de trámite para cada empresa  que, a menos que los expedientes sufran de “pérdidas” como sucedió con la carpeta de la ex Ciccone, se refieren en su mayoría a la designación de autoridades y reformas del estatuto. El procedimiento de "guarda" implicó sacar las copias del archivo para su revisión jurídica, de manera que toda constancia documental quedó sujeta a que la oficina a cargo no alterara de manera alguna el contenido de las carpetas.

Para Hotesur SA, se sacó del archivo todos los datos de constitución societaria y un cambio de domicilio, la mayoría de ellos anteriores al año 2010, cuando la muerte de Néstor Kirchner cambió la estructura de propiedad de Hotesur.

Curiosamente, los pedidos de resguardo son anteriores al allanamiento realizado por el juzgado de Bonadío, sucedido un mes después, en diciembre de 2014. Casi como si actuaran de manera premonitoria, el asunto terminó justo antes que llegaron los oficiales de Justicia.

Las fuentes consultadas dentro de la IGJ confirmaron a (Eliminando Variables) que los expedientes de este grupo de empresas no están disponibles al público y que los originales están en posesión de las autoridades del organismo. 

La nota 34/14, fue originada precisamente en el avance de la causa judicial y el interés periodístico por conocer su detalle. En el folio 15 del sumario abierto por la Inspección General de Justicia a raíz de la causa judicial, se observa que dicho expediente es solicitado mediante el memorándum 541 del 12 de noviembre de 2014, para que se realice “una copia certificada del trámite N°1732049/2843515 y el resguardo de la misma en su  despacho”. Ese número de expediente corresponde a la firma Hotesur SA.

Lo curioso del caso, es que el memo contenido en el sumario pide por un documento específico (N| de Trámite 2.843.515) referido una sanción por la mora en la presentación de los documentos societarios de parte de Hotesur SA, como si esa sanción debiera ser sacada del escrutinio general.

El segundo pedido es realizado por la Dirección de Sociedades Comerciales a la Dirección Administrativa que, como se dijo, era administrada por Karina Bellizi. Esta funcionaria fue luego desplazada por Joaquín Velázquez  Coccia, un militante de La Cámpora.

Dos días después de hacer su pedido, Bellizi recibió el mismo requerimiento de parte de la oficina de judiciales con el listado de las seis empresas previamente mencionadas. Es decir, que luego que le fuera remitido a Bellizi, se le ordenó que las copias fueran puestas a resguardo por sus colegas de judiciales. Y el 17 de noviembre, la delegada administrativa incorpora al expediente una nota en donde informa que el trámite de guarda ya fue completado.

Desde entonces, ni siquiera los empleados rasos de mayor confianza pueden acercarse a los expedientes que custodian los directivos de la IGJ.  Como se dice dentro de la Inspección, “los trámites están en la  caja fuerte”. Es  un modo de resumir cuando un documento descansa en las bóvedas de los jerarcas, donde por ahora nadie fuera del círculo de confianza de la dirigencia camporista de la IGJ ha logrado llegar.

Quedará también por dilucidar la ayuda oficial hacia el vicepresidente Amado Boudou, “poniendo a resguardo”  de ojos ajenos,  la documentación de esas empresas.

En Twitter: @EliminandoV