El obispo, los $ 127 millones y el contrato de Calcaterra para restaurar la Basílica de Luján

Por Equipo Eliminando Variables | Antes de iniciar la larga década kirchnerista, el Obispo ya había dado pruebas de lo que podríamos llamar kirchnerismo extremo. 

En agosto de 2001, el obispo de Luján Rubén Di Monte decidió terminar con 130 años de administración de la Basílica de Luján por parte de la orden de la Congregación de los Padres Vicentinos. La razón fue el estado de abandono del templo y un aparente desorden en las cuentas de la basílica más importante del país.

 Acto seguido el cardenal colocó a sus sacerdotes y laicos de su confianza en los lugares que ocupaban los Vicentinos. Entre ellos, iba a ingresar un tiempo después un laico llamado Enrique Martínez, sobrino de una devota llamada Madre Alba que cobraría notoriedad muchos años después cuando un funcionario le pidió ayuda para esconder 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Luego del “golpe de estado” contra los Vicentino, Di Monte se puso a buscar fondos para arreglar el templo. La cuestión fue difícil; eran tiempos de crisis y muchos de los aportantes privados se habían retirado en protesta por el desalojo de los anteriores administradores. La solución fue acudir a los peronistas que para ese momento habían desplazado al presidente radical Fernando De la Rúa de la presidencia.

Di Monte intentó que el entonces presidente Eduardo Duhalde lo diera dinero, pero no obtuvo resultados hasta que Néstor Kirchner llegó a la presidencia y autorizó mediante el Decreto 1/2003 un fondo de $4.905.237 para reconstruir la basílica, tarea que quedó a cargo de la empresa Teximco SA. Mediante la Resolución 178/03 SOP del 2 de abril de 2003, se le había adjudicado la licitación a Teximco por sobre las ofertas mayores de Calcaterra SA, la UTE Construcciones Industriales y Civles – Filipi, Sebastián Maronese SA y Caputo Construcciones SA. El proyecto fue aprobado con la firma de Néstor Kirchner el 6 de junio de 2003, apenas semana y media después de asumir.

Que el presidente Kirchner inaugurase su mandato con una firma que favorecía el pedido de Di Monte, revelaba la buena relación que habían establecido ambos desde los tiempos de la campaña electoral. Esa cercanía explicaba además que luego tanto Néstor como su esposa y sucesora decidieran refugiarse en Luján para la ceremonia religiosa del 25 de mayo, en lugar de continuar la tradición de celebrar el Tedeum en el Catedral porteña en donde el obispo Jorge Bergoglio los había reprendido públicamente en 2006.

El pliego de la licitación para el arreglo de la fachada y torres de la Basílica, preveía que los trabajos estuvieran listos en un año y medio. Pero a medida que pasaba el tiempo, la obra iba ampliándose. El rector de la basílica, el padre Daniel Blanchou, justificó la tardanza en el hecho que se iban encontrando más cosas para arreglar a medida que se avanzaba en las tareas.

En octubre de 2005 Di Monte usó su influencia para pedir más fondos. Ya no se trataba de recuperar las torres y la fachada, sino de realizar una remodelación a fondo del interior y exterior del edificio. El problema es que el pedido formal de Di Monte para pedir 93,9 millones de pesos adicionales databa de abril de 2005 y la aprobación llegó 2 años y diez meses después, cuando los precios se habían modificado y con ello dieron lugar a un pedido de los constructores para reclamar, con argumentos inflacionarios, todavía más dinero. Cada desprolijidad del estado, estiraba aún más los plazos y habilitaba a las empresas a reclamar una tajada mayor de presupuesto. Y Di Monte, con llegada directa al matrimonio Kirchner, logró una y otra vez que bajara la orden de hacerle caso a los pedidos del cardenal.

El 19 de diciembre de 2008 se firmó la autorización para dos nuevas etapas, que esta vez iban a demandar 93,72 millones de pesos. La empresa favorecida fue Creaurban, un desprendimiento de Calcaterra SACIFI, compañía integrada al grupo IECSA. Además, esa misma compañía hizo un pedido adicional de 33,38 millones para trabajos no contemplados en la oferta anterior, que incluían, entre otros ítems, vitrales, bóvedas, criptas y jardines del templo, agregados que llevaron el total del contrato a 127,06 millones. Un recalculo del costo en abril de 2014 autorizado por el ministerio de Planificación, aprobó la ampliación de los nuevos costos presentados por la empresa.

El grupo IECSA al cual responde Creaurban, según los documentos internos a los que accedió Eliminando Variables, se hizo entonces de la mayor parte de un trabajo que arrancó en unos “modestos” 5 millones de dólares y para 2008 ya se calculaba en $ 127.000.000, algo así como 25 veces y media su costo inicial. Luego de pedir por lo menos cinco prórrogas sucesivas por no cumplir con los plazos comprometidos y el perdón de las multas previstas en el contrato, Creaurban se comprometió a terminar la obra en diciembre de 2015, justo a tiempo para el cambio de gobierno.

Para el momento en que se autorizaban estas ampliaciones sucesivas, ya había entrado en escena la Dirección Nacional de Arquitectura, la oficina dentro del Ministerio de Planificación Federal a cargo de controlar las obras en Luján. En la aprobación de la mayor parte de las ampliaciones de presupuesto y de plazos, estuvo un hombre de extrema confianza de Julio de Vido y su segundo, José López. Se trata de Marcelo Gustavo Cufre, cuya oficina reportaba directamente a López. El funcionario llegó a al cargo d Director Nacional de Arquitectura mediante el decreto 1276 del 5 de agosto de 2008 por un término de 180 días y renunció una vez firmados los contratos más jugosos que se relacionaban con la Basílica.

Mientras estaba al frente de la Dirección de Arquitectura, Cufré recibió duras críticas de la SIGEN por diversas irregularidades en el manejo de fondos y acreditación de avances de obras. Por ejemplo, se le criticó no haber cobrado las multas a la empresa del grupo IECSA. El funcionario puso como excusa que todo había sido debido a los pedidos que hacia el obispo di Monte.

El 10 de diciembre de 2013, Cufré dejó su cargo y fue designado al frente del ACUMAR, el ente que debía trabajar en la limpieza de la cuenca Ricahuelo – Matanza. Tan impecable resultó su gestión, que fue intimado por la Corte Suprema de Justicia por no hacer ninguna de las tareas que le correspondían a su cargo.

Mientras estuvo en la Dirección de Arquitectura, Cufré tenía por interlocutor al obispo Di Monte en lo que se refería a las obras en Luján. El cardenal monitoreaba cada uno de los avances de obra y era quién reclamaba nuevas refacciones ante Julio de Vido y José López, tal como consta en los documentos que acreditan la relación cercana que ambos hombres heredaron tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Y esa vinculación se hizo más cercana con las jornadas que pasaron juntos en el monasterio de General Rodríguez, en reuniones que también incluyeron a la cuñada presidencial, la ex ministra de Obras Públicas Alicia Kirchner.

El triángulo formado por De Vido, López y el fallecido obispo de Luján, le salió al estado argentino un total de unos 127 millones de pesos. Casualmente, esa cifra es apenas inferior en unos diez millones de pesos a la que trasladó José López aquella noche al convento, cuando puso como excusa llevar una donación para la iglesia.

De no haber sido atrapado López, es posible que el obispado de Luján hubiera contado con suficientes fondos para devolver la mayor parte de lo que se gastó en restaurar el mayor templo de la comunidad católica argentina y cuya remodelación fue, casualmente, entregada en gran parte por una empresa ligada al presidente que capitalizó políticamente la cadena de errores cometidos por López en la noche del monasterio.