Qom: ¿Y dónde está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?

En medio de fotos de niños y jóvenes en la Costa Atlántica mostrando felicidad, que se suceden en un loop y poco tienen que ver con comunidades aborígenes autóctonas: así se presenta la página del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la web del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Esas imágenes de “Verano 2013” que presenta el sitio de la entidad específicamente creada para salvaguardar derechos básicos indígenas y cuyo titular es desde hace muchos años Daniel Fernández, resultan completamente anacrónicas con la realidad que desde hace algunos años vive la comunidad Qom, fundamentalmente en las provincias de Formosa y Chaco.

En particular, en el último tiempo, los Qom sufrieron una seguidilla de “accidentes en rutas” en su mayoría con muertes involucradas. Los responsables políticos de las provincias con fuerte presencia de esa comunidad  aborigen –en Formosa, Gildo Insfrán; en Chaco, Jorge Capitanich-, suelen mirar para un costado en el tema de fondo: la necesidad  de terrenos para la sojización, lo que implica correr de sus tierras a sus legítimos moradores.

Ahora bien: ¿Qué es el INAI?. El INAI tuvo su origen en épocas en las que Raúl Alfonsín era Presidente de la Nación. De hecho, la Ley que dispuso su creación fue la 23.302, votada en septiembre de 1985 como repartición descentralizada con participación indígena, y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989.

El objetivo del INAI, según se explica  en su portal,  es “la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes, asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades, implementando sus propios valores y modalidades. Implementando programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento a su producción agropecuaria, forestal, minera industrial o artesanal”.

También aclara que su principal propósito es el de “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional)”.

Dicho esto, surge entonces la pregunta que cada uno debería hacerse: ¿cumplió el INAI con los deberes asignados en el caso de los Qom?.

 El INAI, además, impulsa la participación de las comunidades en dos ámbitos: el Consejo de Participación Indígena y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios.

El organismo, que en el 2013 tendrá un presupuesto total de 54.332.043 pesos y en el que se desempeñan 41 personas, se propuso  para el año el año en curso, algunos de estos objetivos:

• “Dar continuidad y alcanzar a todas las provincias con población indígena, en la implementación de la Ley 26.160 y su modificatoria Ley 26.554, que ordena el freno de desalojos y la delimitación de las tierras de ocupación comunitaria indígena, como así también fortalecer la instrumentación de la propiedad de la tierra comunitaria indígena con otras herramientas como la regularización del dominio (mensuras); servicios jurídicos y la posibilidad de compra o expropiación de tierras de ocupación indígena”.

• “Completar el Estudio de Condiciones de Vida de Grupos convivientes, familias y comunidades indígenas de todo el país, con el objeto de mejorar la cobertura de derechos vigentes como la Asignación Universal por Hijo, documentación y otros”.

• “Propiciar, a los efectos de lograr una respuesta eficaz a las demandas de las comunidades, la articulación del INAI con otros organismos del Estado como el ministerio de Educación en la implementación  de la enseñanza cultural bilingüe y la instrumentación de becas; el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a los fines de la identificación, formulación y financiamiento de proyectos productivos y/o de infraestructura básica para la producción agropecuaria y autoproducción de alimentos; el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para la implementación de proyectos de infraestructura básica como el acceso al agua potable y/o el mejoramiento de la vivienda indígena”, entre otros aspectos.

Objetivos que, viendo la realidad a comienzos del 2013, parecen bastante alejados de cumplirse.

 

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