Ignacio Montes de Oca - Periodismo

La familia Kirchner es una sorpresa constante, en particular a la hora de describir las fuentes que usaron para financiar la economía del clan. Ahora es el turno de la matriarca, doña Ofelia Wilhelm, quien según la base de datos del Anses sigue dada de alta como empleada de un organismo bonaerense, pese a haber pasado la edad de retiro hace más o menos cinco presidencias. Y detrás de ese posible empleo, surgen nuevas conexiones entre su socio en la cooperativa postal “El Aldabón”, el también octogenario Fotios Cunturis, y los negocios negros del Futbol para Todos. La madre de la ex presidente Cristina Kirchner figura como parte de la planta de trabajadores del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Su fecha de alta, según el registro del Anses y fuentes consultadas dentro del gobierno bonaerense, es el 1 de enero de 2012. Hasta el mes de noviembre de 2016 seguía apareciendo en los listados como empleada de la entidad. Esos registros indican que fue c

La corrupción epidémica durante los largos años de gobierno de los Kirchner es, a primera vista, parte de la siempre pintoresca historia política de la Argentina. Entre tantos negociados realizados entre 2003 y 2015 comienza a surgir una monumental estafa a los inversores norteamericanos perpetrada en conjunto por el gobierno argentino, empresarios cercanos al poder y las autoridades de la petrolera española Repsol. La maniobra fue ejecutada en cinco pasos ante la mirada impasible de la Security Exchange Comission (SEC), la autoridad bursátil de los Estados Unidos. El primer movimiento: acciones tóxicas En diciembre de 2010 la petrolera argentina YPF, que entonces era controlada por la compañía española Repsol, puso en venta el 17% de su paquete accionario en la bolsa de los EE.UU, en una operación que alcanzaba unos 2.500 millones de dólares. La oficina de prensa de la petrolera controlante anunció que la operación buscaba reducir la exposición de la empresa en Argentina.

El falso vocero papal y el gremialista fueron imputados por haberse quedado con máquinas entregadas por el magistrado. La pantalla de la “incautación de bienes de la mafia”. En octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un taller de costura. Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias y telas con la excusa del combate a la explotación de personas en el sector textil. El asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas y la servidumbre laboral, y de Julio Piumato, ex titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Por si fuera poco, el conflicto amenaza con llevar ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo. Según el relato judicial, todo comenzó el 8 de octubre de 2015, cuando un miembro de la Policía Federal Argentina de nombre Jorge Luis