Abogados para todos y todas: En los 12 años K, florecieron los estudios extranjeros contratados por la Argentina

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Entre los abogados se suele decir “Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”. Se sabe que una vez que una disputa entra en el terreno judicial, hay que afrontar costos elevados, tiempos dilatados y que no siempre se alcanzan los resultados esperados. Y esto es cierto en particular cuando esas causas las tiene que encarar un país que, atrapado en conceptos tan esquivos como la “defensa de la soberanía” o el "orgullo nacional", terminan gastando cantidades enormes de dinero público en abogados extranjeros para litigar en los sistemas judiciales de otros países.

Contratación del estudio Steptoe & Johnson LLP

Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Italia, Holanda, Alemania y el Uruguay son algunos de los países en donde la Argentina, por diversas causas y circunstancias, se vio obligada a contratar  a una cantidad importante de estudios legales internacionales.  Varios de estos acuerdos, vale remarcar, se efectuaron para realizar tareas puntuales, aunque  en otras, el objetivo fue buscar asesoramiento a más largo plazo, ante la presencia de causas judiciales más complejas.

La Argentina, desde el 2003 a la fecha, contrató a al menos 10 estudios legales de primera línea internacionales, y casi una docena de profesionales independientes del derecho en diversos países, que se sumaron al cuerpo de abogados del Estado, bajo responsabilidad de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la defensa de sus intereses.

Costo inicial abonado a Steptoe & Johnson LLP

La consejería legal en el extranjero resulta fundamental para afrontar demandas o realizarlas en jurisdicciones ajenas.  Algunos de estos juicios –como es el caso de los canjes de bonos tanto en el 2005 como en el 2010, por ejemplo- se iniciaron por incumplimiento de las condiciones autoimpuestas por la misma Argentina, quien cedió su “soberanía” y aceptó dirimir disputas en tribunales de terceros países. Otras cuestiones a defender en el exterior son las juicios puntuales o colectivos, como la supuesta violación de alguna patente, o litigios penales y económicos contra empresas.  Sea el caso que sea, el negocio para estos bufetes de abogados es muy lucrativo.

Al menos por lo que se refleja en los medios, la Argentina pareciera no ser un cliente sencillo. Pese a que es buen pagador, suele desafiar constantemente los fallos adversos en diversas cortes. El caso del "Pari Passu", con la larguísima disputa contra los holdouts (fondos buitre) en la ciudad de New York, es un ejemplo. Incluso luego de sufrir el bloqueo de cuentas y unas serie de medidas que restringen su capacidad de actuar en el mercado de capitales mundial, el gobierno argentino insistió en hacer una serie de presentaciones judiciales en los estrados neoyorquinos y de otros países donde se concentran bonistas extranjeros, para evitar cumplir con la sentencia contraria del juez Thomas Griesa y luego de la Corte Suprema de ese país.

Dictamen de la PTN que aprueba contrato de Remiche, Ferrant & Associes

La mayor parte de los analistas coincide en afirmar que esa causa está perdida para la Argentina, y tarde o temprano deberá pagar, a pesar de sus gestos de rebeldía.  Todo esto con el asesoramiento estudios de abogados, a los que se les paga para que sean “creativos” con presentaciones o respuestas judiciales en las cortes, que dilaten aún más la fecha de pago.

Por otro lado, muchos de los casos en los que está involucrado el país, terminan siendo “leading cases” que obligan a modificar condiciones previas, por ejemplo en contratos. El caso Pari Passu, de hecho, cambió la letra chica de los prospectos de emisión de deuda, fundamentalmente en lo que se considera el término “mayoría” para aceptar el canje de un bono soberano. Esas modificaciones, dicho sea de paso, son facturadas por los bufetes como parte de su asesoramiento a la Argentina.

Cada gesto de animadversión contra el tribunal norteamericano representa una oportunidad para que los estudios contratados aumenten su facturación, habida cuenta que sus honorarios se miden por el tiempo de dedicación a una causa y no a los resultados positivos o negativos que logran.

Dictamen de la PTN sobre Munari, Maniglio, Panfili Law Firm

El Gobierno, en general, no es muy amigo de publicar en el Boletín Oficial todas las contrataciones de estudios legales realizadas por sus diversas reparticiones que así lo precisen en el extranjero (como así tampoco los montos), por lo que identificar a cada uno de los asesores jurídicos en el mundo no resulta una tarea sencilla. La información, en algunos casos, surge a través de dictámenes realizados por la Procuración del Tesoro de la Nación, luego que se le pidió opinión a ese ente. En general, el que más cumple con este paso –históricamente- es el Ministerio de Economía.

La lista de empresas de abogados de los Estados Unidos que litigan o litigaron para el Estado desde el año 2003, es muy importante. Asesoran o asesoraron a la Argentina o entidades gubernamentales,  compañías del rubro como, por ejemplo, Dorsey & Whitney LLP; Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP;  Sullivan& Cromwell LLP; Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP; Chadbourne& Parke LLP, o  Tannenbaum, Helpern, Syracuse & Hirschtritt LLP.

Presupuesto del Estudio Munari, Maniglio Panfili Law Firm

En Europa, incluso, para defender intereses ante organismos internacionales, el país contó  en los últimos 12 años con los servicios de otros dos estudios norteamericanos: Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP y a  Steptoe & Johnson LLP.  Para resolver un caso de patentes con Monsanto ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el 2009, resultó contratado al estudio belga, Remiche, Ferrant & Associés Sprl, mientras que la firma italiana Munari, Maniglio Panfili Law Firm se hizo cargo de la realización de informes frente a un embargo que realizó el Estado también desde ese año.

El estudio inglés Linklaters LLP, uno de los más grandes e importantes de ese país, fue contratado por la Argentina como asesor para el denominado “Canje 2010”. En el 2013, esa misma compañía fue contratada para defender a una serie de bonistas argentinos, que resultaron perjudicados por el fallo del juez Thomas Griesa.

Obsérvese que muchas de las contrataciones son resultado de la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de embestir contra el fallo del “juez casi municipal” Griesa. Esa estrategia fue una fuente de trabajo para decenas de empleados de los estudios de abogados extranjeros.


Estudios norteamericanos contratados por la Argentina

Costos legales relacionados con el Canje 2010, según dictamen de la PTN

Sin lugar a duda, el estudio legal más conocido por los argentinos es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. Con gran presencia en los medios desde el 2003 (aunque trabaja con el país desde 1989), la compañía neoyorquina asesora al país en los diferentes litigios que actualmente se llevan adelante sobre bonos soberanos y la forma en el que país debería pagarlos, tras las decisiones de los tribunales norteamericanos. Según un artículo publicado en noviembre del 2014 por el matutino La Nación,  la Argentina le paga unos US$ 3 millones de dólares mensuales, el equivalente a unas 3 mil horas mensuales trabajadas por los abogados (a un costo de hasta US$ 1.300 la hora). Según ese mismo diario, la Argentina desde el 2003 y hasta fines del año pasado, llevaba pagados alrededor de US$ 400 millones.

Dictamen de la PTN donde se confirma contratación de estudio THSH

Como abogados de la Argentina, además, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP la asesoró legalmente en los canjes de deuda del 2005 y 2010. Por este último caso, según el dictamen 65/2010 de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, se le reconoció trabajos en el 2009 para el armado de la estrategia por hasta US$ 720 mil dólares, más otros gastos. Cabe aclarar que esta cifra incluye también el pago a una entidad legal argentina asociada a la causa (Estudio Cárdenas, Di Cio, Romero, Tarsitano & Lucero).

En Agosto del 2014, y tal como reveló en exclusiva este blog en abril del 2015, el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió contratar un segundo estudio legal en los Estados Unidos: Se trata del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH), quien se encargará de buscar estrategias que garanticen a aquellos bonistas que accedieron tanto a los canjes del año 2005 como del 2010 (y que se encuentren en los Estados Unidos) cobrar los montos actualmente bloqueados por los fallos del juez Thomas Griesa. “Necesitábamos una segunda opinión sobre este y otros temas, y que se aboquen a otras causas", dijo el ministro para justificar la contratación de THSH por unos US$ 35 mil dólares iniciales.

Algunas de las contratación de Sullivan & Cromwell LLP

Desde septiembre del 2008 hasta noviembre del 2014, según un relevamiento realizado en el Boletín Oficial por (Eliminando Variables), el bufete Sullivan & Cromwell LLP, principal asesor legal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en tribunales norteamericanos, le facturó un total de $36.680.666,92. La cifra, si se a valor dólar oficial toma año por año desde el 2008,  equivale a unos US$ 7.600.000. A esta cifra, sin embargo, habría que sumarle el asesoramiento que también recibió el BCRA del estudio Cleary, Gotllieb, Steen& Hamilton, al que desde agosto del 2008 hasta junio del 2013 tuvo que abonarle $2.039.853,34, o unos US$ 513.800 dólares, tomando cotización del billete en cada uno de esos años.

Última contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP por parte del BCRA

El Banco de la Nación Argentina, a su vez, cuenta con el asesoramiento del estudio Dorsey & Whitney LLP, aunque no se sabe con exactitud cuál es el monto que la entidad paga anualmente por los servicios legales.  Algo similar sucede con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien es aconsejado desde hace varios años en los estrados norteamericanos por Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP.

Además, desde la nacionalización de YPF SA, para la emisión de series importante de bonos, como así también de otros aspectos judiciales, la petrolera con mayoría estatal utilizó los servicios del bufete Chadbourne & Parke LLP.

Dictamen de la PTN sobre contratación de un abogado uruguayo

En octubre del 2012, el Ministerio de Relaciones y Culto contrató a Steptoe & Johnson LLP para que desempeñe tareas legales ante la Organización Mundial del Comercio.  La cartera dirigida por Héctor Timerman, desembolsó US$ 602.190 de anticipo ante el estudio. Según ese contrato, rubricado por la decisión administrativa 963/2012 –firmada tanto por el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abel Medina, como por el actual canciller-, valuaba las horas trabajadas  por los miembros de Steptoe & Johnson LLP de la siguiente manera:  “Los pagos se realizarán sobre la base de servicios trabajados de acuerdo a las siguientes tarifas horarias: (i) socios entre USD 1300 y USD 1000, (ii) directores entre USD 900 y USD 800, (iii) asociados entre USD 750 y USD 400, (iv) auxiliares entre USD 350 y 400 (v) asistente de proyectos entre USD 200 y USD 170. Pasado un año, para el caso que una de las partes considere que las tarifas pactadas no reflejan los precios de mercado podrá solicitar a la otra la renegociación de las tarifas horarias. Dicha renegociación tomará como referencia para la variación de los costos de los servicios el Indice de Precios Consumidor “U” para servicios jurídicos de los Estados Unidos de América” (Sic).

A la vez, durante los primeros años del Kirchnerismo, frente al CIADI, se decidió contratar al estudio norteamericano Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.  Posteriormente, de los casos se ocupó la misma Procuración del Tesoro de la Nación.


Contratación de especialistas

Muchos de los casos que se dirimen en tribunales internacionales, a veces, precisan de especialistas individuales en la materia, y que no son parte de grandes estudios legales. Aunque seguramente deben ser muchos más, (Eliminando Variables) pudo recopilar cinco casos concretos de este tipo de servicios.

Datos y costos del abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte, según la PTN

El 05 de septiembre del 2014,  mediante el dictamen 174/2014 de la Procuración del Tesoro de la Nación, se autorizó al Ministerio de Economía la contratación hasta el final del proceso de un abogado matriculado uruguayo para que se encargue del tema del arbitraje internacional entre el Banco de Seguros del Estado uruguayo, y el Instituto Nacional de Reaseguros de la Argentina. Según el texto, quien resultó contratado fue el abogado especializado  en derecho internacional Gonzalo Lorenzo Idiarte, quien cotizó unos 14.500 dólares, más IVA. Lorenzo Idiarte, de hecho, fue sugerido –de acuerdo con el dictamen- por “recomendación” de la Embajada y el Consulado Argentino en Montevideo.

Pero pareciera que existe algún problema con la contratación o bien el abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte precisa de ayuda complementaria. De otra forma, no se explica que el mismo Ministerio de Economía haya decidido en mediante, en marzo de esta año, realizar la contratación directa por especialidad N° 22/2015, expediente  S01: 0017459/2015, en donde se solicitaba un “abogado” que defienda los intereses del Estado Nacional en el mismo caso por el que meses atrás había sido contratado Lorenzo Idiarte.

Contratación directa por especialidad 22-2015, de otro abogado uruguayo

Hacia fines del 2012, durante las exposiciones y posterior fallo favorable en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, en el caso de la retención ilegal de la Fragata Libertad en Ghana, el país contrató por montos no determinados a los abogados especialistas Gerhard Hafner, Mamadou Hébié y Gregor Novak como asesores legales para la resolución del conflicto. Aquí vale aclarar que la defensa primaria del país la realizó la embajadora Susana Ruíz Cerutti, su ahijado y funcionario Federico Holger Martinsen, y al también especialista Horacio Adolfo Basabe. Incluso, para la resolución del caso, se sumó a Marcelo Kohen, un abogado rosarino con amplia experiencia y pergaminos en temas legales internacionales, y que había tenido presencia en la disputa con la República Oriental del Uruguay por la instalación de empresas pasteras en el río homónimo en las etapas tempranas del kirchnerismo.

El fallo final por este caso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ocurrido en abril del 2010 y que fue contrario a los intereses de la Argentina, también estuvo liderado por Cerutti y Basabe (Holger Martinesen también participó como asesor científico), y se contrataron como asesores –sin conocerse aún el monto- a los abogados Alain Pellet,  Philippe Sands y Lawrence Boisson, entre varios especialistas internacionales que incluían desde ingenieros ambientales, hasta profesionales y consultores independientes en hidrología.

Abogados contratados en la disputa por la Fragata Libertad en Ghana

En el caso de embargo contra Ansaldo Energía SpA, durante los años 2005 al 2008, la Argentina decidió inicialmente consultar al abogado Tommaso Di Nitto, quien solicitó para realizar inicialmente diversos trámites ante la Corte de Apelaciones de Génova, por unos 40 mil euros, más un porcentaje de gastos generales por cada una de las etapas de asistencia legal (el 12.5 por ciento). En rigor, Di Nitto –según relata el dictamen 199/2010 de la Procuración del Tesoro de la Nación- solicitó el pago por anticipado del 50 por ciento de ese monto. Se desconoce si efectivamente se hizo el pago a Di Nitto o si este prestó servicios a la República Argentina, pero desde el 2009, por recomendación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (quien no pudo ocuparse del caso por incompatibilidad), se recomendó a la firma Munari, Maniglio, Panfili Law Firm. Este bufete, cotizó 57 mil euros para realizar trámites relacionados con el proceso, más el cobro de un “success fee“ del 1.3 por ciento del monto total secuestrado.

Más atrás en el tiempo, en el 2004, Néstor Kirchner y el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, decidieron contratar al suizo Paolo Bernasconi con el fin de restituir al Estado unos 7 millones de dólares de cuentas ocultas que tenían en el país helvético el ex presidente Carlos Menem y su secertario privado, Ramón Hernández. El caso fue desestimado porque en el Código Penal suizo no existía la figura de enriquecimiento ilícito u omisión mailiciosa (ambas redimibles con mulas), y la magistrada interviniente no pudo comprobar un nexo del dinero con la causa por el atentado terrorista de la AMIA. El dinero cobrado por Bernasconi tampoco trascendió.


Consultas realizadas con abogado italiano Di Nitto, sin concretizar

Al hacer una suma del costo implicados en los litigios internacionales que enfrenta la Argentina, surgen cifras varias veces millonarias en dólares y los resultados no son del todo alentadores considerando que el país se encuentra en default, su acceso al mercado de capitales está restringido y los aviones y barcos del gobierno deben estudiar el mapa judicial antes de emprender una gira por el mundo.

Aunque el estado argentino no publica las cifras oficiales de lo que gasta en sostener a sus abogados extranjeros, sólo a partir de los documentos es posible dcir que la actitud de rebeldía ante los tribunales extranjeros y la decisión de fijar la sede de litigio para controversias surgidas de la emision de  los bonos argentinos en otros países, representa una oportunidad de negocios para los buffettes que contrató en el exterior.

Ni hablar de lo mucho que crece la facturacion de los empleados de los buffettes extranjeros por la estrategia de estirar los tiempos de resolucion de los conflictos y acomodarlos a los tiempos de la politica interna. Por cada día que pasa, esos abogados emiten nuevas facturas porque, como bien se sabe, los buenos juicios llevan mas tiempo que los malos arreglos. 

Una aclaración final: Ninguno de los estudios de abogados cobra en pesos argentinos. 

En Twitter: @EliminandoV