La procuradora Carbó y la cuestión mapuche: una historia de casualidades

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó está al borde del precipicio. A las denuncias por haber privilegiado su militancia kirchnerista por sobre sus deberes como funcionaria, se le suma ahora una causa en la que fue procesada por haber participado junto a su ex marido en el pago de comisiones astronómicas por la compra de un edificio para el Ministerio Público.

Gils Carbó es la integrante de mayor cargo de “Justicia Legítima”, la red de magistrados y fiscales creada en 2013 para apoyar la gestión de Cristina Kirchner. La procuradora hizo uso de sus facultades para designar funcionarios clave en la ruta de cada investigación que involucra a ex funcionarios del anterior gobierno. Ese rol fue la clave para obstaculizar las causas calientes que amenazan a quienes la habían designado y dinamizar las que afectaban a sus adversarios.

Como era de esperarse, los defensores de la procuradora salieron a denunciar una operación política basada en inventos periodísticos difundidos por el gobierno de Mauricio Macri para quedarse con su puesto. Sin embrago, las pruebas que se acumulan dentro y fuera de la causa judicial contra Carbó se vuelven más fuertes y ahora se extienden hasta involucrar temas imprevistos como la cuestión mapuche y las operaciones del administrador de la familia Kirchner, Osvaldo “Bochi” Sanfelice.

Una oficina más en el centro porteño

En Florida 622, piso 3 oficina 10, funcionó desde agosto de 2010 al 1 de septiembre de 2015 la sede legal de la Fundación Mercado y Transparencia. La ONG se dedicaba a temas de defensa del Consumidor y fue fundada por Damiana y Alexia Alonso, hijas de la procuradora Gils Carbó y de su ex marido, el abogado Héctor Osvaldo Alonso.

La ONG asumió la representación de su inspiradora española Asociación de Usuarios de Servicios de España, relación que se perdió cuando el presidente de AUSBANC fue preso por extorsión y estafas en 2016. 

Además de organizar conferencias y difundir notas sobre temas de defensa del consumidor, el portal de Mercado y Transparencia se convirtió en un nodo de militancia kirchnerista. Esa web fue usada, por ejemplo, para darle difusión a la novela “El Pacto”, financiada por el gobierno de Cristina Kirchner para desacreditar a uno de sus más notorios enemigos, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.

También había espacio para responderle a cada uno que criticase a la procuradora y matriarca del clan. A inicios de 2015, la página de Mercado y Transparencia fue usada por las hermanas Alonso para revelar las medidas de prueba que pedía la justicia para dictaminar si el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella había direccionado la investigación de la causa que investigaba los negocios del empresario kirchnerista Lázaro Báez. De acuerdo a las denuncias, el fiscal Gonella habría recibido órdenes para administrar la información que entregaba, de manera que no involucrara a la entonces presidente Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia. 

La publicación de los requerimientos al Procelac en la página de la ONG de las hijas Carbó, les valió una denuncia penal en marzo de2015 firmada por Ricardo Monner Sanz por haber accedido a la causa contra Gonellasin ser parte de la misma. La acusación fue desestimada rápidamente por el fiscal general Miguel Ángel Osorio. Unos días después de salvar a Damiana y Alexia, Osorio fue propuesto por Gils Carbó para un ascenso como fiscal de Cámara Subrogante. 

Otro hito en la página de las Alonso fue la organización delataque de agosto de 2014 contra el ex ministro de Economía, Domingo F Cavallo,del actual presidente del Banco Nación, Javier González Fraga y del tambiéneconomista y ex funcionario duhaldista Mario Blejer. La Licenciada en Letras Damiana Alonso y sus amigos irrumpieron en una conferencia que daban los economistas en la Universidad Católica Argentina y los adornaron con huevazos, insultos y acusaciones de traición a la patria. 

Otra de las que lideró el ataque junto a D

amiana Alonso fue María Josefina Minatta, empleada de alto rango de la procuración. El dúoAlonso-Minatta dirige el “Colectivo por la Justicia Social”, que además de ser un centro de militancia kirchnerista, es una cantera de nuevos funcionarios para la Procuración y de candidatos a magistrados que propone Gils Carbo. La mayoría de ellos comparten espacio político con los integrantes de Justicia Legítima. 

Los miembros del “Colectivo por la Justicia Social” siguen el mismo patrón judicial que sus primos de “Justicia Legítima”. Por ejemplo, el fiscal Juan Pedro Zoni miembro de esa agrupación, es el que decidió escarbar en la vida de la madre del fiscal especial suicidado Alberto Nisman y luego imputar al presidente Mauricio Macri por las negociaciones de la deuda entre el grupo Socma y el Correo Argentino.

Ahora bien, Damiana Alonso no pudo sostener por mucho su militancia tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones de octubre de 2015. Dejó su cargo en la agencia estatal de noticias TELAM y fue notificada de la baja del contrato que había obtenido el 29 de octubre de 2012, cuando fue designada Coordinadora de Comunicación de la Unidad de Investigación Financiera mientras era titular de ese organismo el ultra kirchnerista José Sbatella. El texto de su nombramiento había sido firmado por la presidente Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ministro de justicia Jorge Alak. 

Damiana evitó por ahora verse involucrada en la causa que se le sigue a su ex jefe, José Sbatella, por haber ocultado numerosos ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) que involucraban a Lázaro Báez y otros empresarios del universo kirchnerista, quienes finalmente terminaron tributando a las arcas de la familia presidencial. El que recibía y administraba el dinero canalizado mediante compras y alquileres del emporio hotelero e inmobiliario de la familia Kirchner era Osvaldo “Bochi” Sanfelice, quien volverá a aparecer en esta historia de un modo inesperado.

Como responsable de la comunicación con otras entidades, Damiana tuvo a su alcance el alertar sobre las maniobras que implicaban a los socios de la presidente Kirchner. Quizás por esa falta de eficiencia perdió su puesto

Damiana trabajaría hoy como asesora de la diputada mendocina Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto de juicio político contra el juez supremo Carlos Fayt alegando la extrema vejez del magistrado. También tiene un puesto en el Consejo de la Magistratura, en el que fuera nombrada por pedido de la doctora María Virgina García y mediante la Resolución 319/16 de ese cuerpo.

Alexia, mantiene el cargo en el Ministerio Público de la Defensa porteño, en dónde entró por la resolución DG255 firmada el 9 de mayo de 2016.

Dado la Fundación Mercado y Transparencia ya no podía ser sostenida, las hermanas Alonso decidieron darla de baja. El 1 de septiembre de 2015, comunicaron su disolución. La dirección del acto fue realizada en la sede legal de la ONG en Florida 622 piso 3 departamento 10.

Aquella dirección en la calle Florida, sin embargo, abrió una inesperada pista que condujo hacia el sur, hasta una estancia manejada por el hombre de confianza de la familia Kirchner.

Rumbo al sur

La oficina 10 del tercer piso de Florida 622, es la sede legal de otra empresa que también conduce directamente al poder kirchnerista. En ese lugar tiene su sede la empresa “Las Chinitas SA Agropecuaria”. Se trata de una compañía con un polémico historial relacionado con el desalojo de mapuches rionegrinos y negocios con Osvaldo Sanfelice, el hombre de confianza de la familia Kirchner

La empresa fue hasta hace poco propietaria de la estancia “El Amigo”, un campo de 35.000 hectáreas en el paraje de Anecón Chico, a unos 150 kilómetros al sur de Bariloche.

La estancia El Amigo nació en 1948 a partir del reclamo de tierras realizado por el comerciante local Rodrigo Ramón Fernández. Se trataba del hijo del dueño del almacén de Ramos Generales de Anecón y al mismo tiempo delegado local de la “Dirección General de Tierras y Bosques” durante el primer gobierno peronista. 

Fernández pidió – y obtuvo – las escrituras por una extensión cada vez mayor de tierras, superponiendo su reclamo sobre las que habían sido otorgadas de manera precaria a la familia aborigen Epulef. Con el paso de los años, el comerciante alcanzó a cubrir una extensión de 35.000 hectáreas, incluyendo a las 13.000 que pedían los miembros de la comunidad liderada por la familia Epulef. A los integrantes de esa comunidad, no se les reconoció ninguna propiedad sobre las tierras que habitaban hasta 1985, cuando se les concedieron 1.600 hectáreas.

En el año 2006, los reclamos legales de los aborígenes y las disputas dentro de la familia Fernández condujeron al embargo de la Estancia El Amigo y su venta al francés Jacques Álvarez De Toledo. Pasaron dos años, y De Toledo le vendió la propiedad a la empresa “Las Chinitas SA Agropecuaria”.

En 2011, “Las Chinitas” decide venderle el campo a una empresa denominada “INVERNEPA SA”, cuyo propietario es Osvaldo Sanfelicce, socio y apoderado de la familia Kirchner. El primer tramo de la compra fue hecho el 15 de junio por un total de 13.423 hectáreas y el segundo tramo se realizó en agosto siguiente, por otras 21.331 hectáreas.

Considerando que la justicia tasó los campos de Lázaro Báez cercanos a esa localidad en un valor de U$S 140 por hectárea, por lo que debe suponerse que Sanfelice pagó a través de INVERNEPA un precio de por lo menos U$S 4.900.000. Pero el campo tenía todavía un problema: la presencia y los reclamos de los integrantes de la comunidad aborigen que residía dentro de la Estancia.

Apenas se hizo cargo de la estancia El Amigo, Osvaldo Sanfecile nombró a su cuñado, pareja de su hermana Maria Marta, como administrador del campo. El nuevo capataz era Nir Weinberg, un ciudadanoisraelí devenido en mayordomo patagónico. 

Weinberg, comenzó un asedio sobre los aborígenes para desalojarlos de las 13.500 hectáreas que ocupaban y usaban desde hacía décadas atrás. Esa persecución incluyó el tendido de alambrados para reemplazar tranqueras e impedir el paso a las tierras de pastoreo, la introducción de animales con sarna que diezmaron los rebaños aborígenes y el amedrentamiento físico y judicial contra los mapuches. 

Nadie dentro del gobierno provincial ni nacional abogó por los derechos de la familia Epulef. De hecho, durante el kirchnerismo los pedidos de los grupos aborígenes patagónicos por el despojo de tierras fueron desoídos, al igual que la mayoría de los que provenían de otras latitudes del país.

Ese desinterés se terminó cuando un grupo autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), comenzó a agitar sus deseos de crear una república independiente en la Patagonia argentina y chilena. Esa demanda incluyó tomas de tierras que consideraban propias, con argumentos similares a los que esgrimieron en vano los desalojados por Sanfelice. Allí, la procuradora jugó fuerte para intervenir en un conflicto grave desatado por la desaparición del artesano Santiago Maldonado.

RAM: Reclamemos a Medias

La RAM es un grupo de criollos y aborígenes que pretenden tener su propio estado tribal en la Patagonia. Los secesionistas son liderados por la dupla integrada por el ex flogger Facundo Jones Huala y el ex punk Fernando Jones Huala, quien espera su extradición a Chile por tráfico ilegal de armas.

Siempre resultó raro explicar el empecinamiento de los integrantes de la RAM por reclamar tierras del italiano Luciano Benetton o del inglés Joe Lewis, pero no hacerlo con los campos de figuras asociadas con el kirchnerismo, aunque ocuparan tierras tan sagradas y ancestrales como aquellos que son atacados por el nacionalismo sin nación de los militantes de la RAM. Ni hablar de su absoluta falta de reacción cuando sus hermanos de la localidad de Anecón fueron desalojados por el hombre de confianza de la familia Kirchner tras la compra de la estancia El Amigo.

Y más extraño aun, es que sus reclamos fueran apoyados por figuras que alineadas políticamente con la ex presidente Kirchner, que repentinamente entendieron los reclamos de la RAM, como si hubiese surgido súbitamente alguna clase de identidad ideológica u objetivo común entre unos y otros.

La casualidad quiso que cuando el jefe del RAM Facundo Jones Huala fue requerido por la justicia chilena para ser juzgado por delitos comunes, apareciera la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. De repente, en los pasillos del juzgado comenzó a comentarse la increíble casualidad: aquella abogada de perfil combativo no era otra que la ex esposa de Lisandro Pellegrini, el hombre de mayor confianza de la procuradora Alejandra Gils  Carbó y quien tiene a su cargo la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración.

En tanto, y en contra de lo que establecía la justicia jujeña, Gils Carbó dictaminó que la dirigente social Milagro Sala estaba siendo injustamente detenida, aunque los magistrados jujeños que la mandaron a prisión insistieran en enumerar los cargos de estafa, administración fraudulenta, intento de homicidio, amenazas y otra larga lista de delitos que pesaban contra la rea. La abogada de Milagro Sala, como era de esperarse, es también Elizabeth Gómez Alcorta quien además es segunda en la lista de candidatos porteños a diputados por el kirchnerismo y una feroz crítica al gobierno nacional.

Milagro Sala y los hermanos Huala se habían convertido para ese momento en iconos de la resistencia kirchnerista, que comenzaba a defenderlos con mayor energía con argumentos indigenistas un poco forzados, pero bastante efectivos para el consumo de sus militantes.

El 1 de agosto de 2017 el “asunto RAM” se hizo más complejo al desaparecer el artesano Santiago Maldonado luego del desalojo de la ruta 40 por parte de la gendarmería nacional. El sitio era controlado por un piquete de los secesionistas agrupados en el Pu Lof que responde a los hermanos Huala. De inmediato, el RAM se volvió objeto de culto de los kirchneristas. No tardaron mucho en imitar sus consignas y denunciar que Maldonado había sido secuestrado y desaparecido por una orden del gobierno de Mauricio Macri.

La procuradora Gils Carbó se sumó entonces a la maniobra y envió a Felix Crous, su subalterno y jefe de la Procuración contra la Violencia Institucional. Contra toda lógica judicial, Crous grabó una entrevista que le realizó a cuatro encapuchados que se negaron a mostrar sus identificaciones. Sin poder acreditar si hablaba con testigos calificados o con un grupo de alienígenas, el Procuvin dio por válido el testimonio de los anónimos encapuchados que afirmaban haber visto a Santiago Maldonado siendo introducido a los golpes en una camioneta Unimog de la Gendarmería. Acto seguido, le acercó el reporte al juez de la causa, Guido Otranto.

Aquella intervención del Procuvin fue crucial para que el juez Otranto cambiase la denominación de la causa y la caratulara “desaparición forzada”. Luego se supo que uno de los encapuchados era uno de los miembros del RAM llamado Matías Santana, quien dio una espectacular versión de los hechos en los que abundó en detalles que incriminaban a la gendarmería en la desaparición de Maldonado. Según el testigo, había usado unos binoculares muy particulares que le permitieron oír a cientos de metros de distancia lo que hablaban los oficiales mientras supuestamente se llevaban al artesano.

Pero el aporte del Procuvin y sus amigos encapuchados no fue suficiente. Fue entonces que el grupo del fiscal Felix Rous, enviado por Gils Carbó a la zona de conflicto, hizo su siguiente movimiento.

Fue ese funcionario el que recibió el 5 de septiembre un informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal en el que se adjudicaba a la Gendarmería Nacional el haber secuestrado y desaparecido a Santiago Maldonado durante el desalojo de la ruta el 1 de agosto anterior. El documento, fue usado para hacer más sólida la acusación contra los gendarmes y desacreditar cualquier otra explicación alternativa.

Gils Carbó no solo aprobó la entrega del informe falso al juez de la causa Maldonado, sino que además protegió al fiscal Crous cuando estalló un verdadero escándalo político al saberse que el reporte de inteligencia presentado por el Procuvin era en realidad una falsificación barata con sellos policiales tan falsos como su contenido. 

Fue la misma Policía Federal la que denunció la operación sucia contra sus colegas de gendarmería.

La copia del informe apócrifo y que fuera dado por cierto por Gils Carbó, fue acercado por el legislador porteño Gustavo Vera. Se trata de un dirigente que tiene llegada directa con el Papa Francisco I, con quien trabó amistad cuando todavía era el obispo porteño Jorge Bergoglio.

Vera no es un desconocido para Gils Carbó; la procuradora fue una de las invitadas principales a cada “Congreso Antimafia” que organiza la Fundación Alameda que dirige Gustavo Vera y a los eventos de “Laudato Si”, un club político denominado así por la encíclica escrita por Francisco I. “Laudato Si” fue apadrinado por el Papa y pretende convertirse en un movimiento político pro clerical y que reúne a muchos integrantes de Justicia Legítima, dirigentes kirchneristas y magistrados que simpatizan con esa corriente pero que no integran formalmente la agrupación liderada por Gils Carbó.

Aunque Vera le plantó un informe falso a Gils Carbó, ello no afectó la amistad entre ambos. Por el contrario, Vera logró que fuese invitada al Encuentro de Jueces y Fiscales que organiza la Santa Sede el próximo 9 y 10de noviembre y que en Argentina fue organizada por los miembros del “Laudato Si”. 

La procuradora ya estuvo con el Santo Padre en diciembre de 2016, en momentos en que era cuestionada por el nombramiento de nuevos fiscales y jueces con métodos tan polémicos que en la mayor parte de los casos tuvo que revertir su decisión y dejarlos sin efecto. Aquella visita al Papa en un momento crucial de su carrera, fue interpretada como una señal de apoyo a la jefa de los fiscales argentinos.

Antes de eso y en medio de la tormenta política, el Santo Padre ya le había hecho llegar por medio de Vera uno de sus famosos rosarios bendecidos, que en el lenguaje clerical funciona como una muestra de afecto y apoyo. En tanto se acercaba al Papa, Gils Carbó firmó convenios con los obispos para colocar oficinas móviles de la procuración en las sedes eclesiásticas.La excusa que promovía la instalación de los puestos, era el plan contra las adicciones ideado por Gils Carbó y que llevan el nombre de “ATAJO” 

Pero el legislador Vera no es el único interlocutor que tiene el Papa en Argentina ni la única casualidad que lo liga con la procuradora. Otro empresario de bajo perfil y también asociado a la historia de los mapuches, forma parte del círculo argentino que rodea al Papa.

En las reuniones que mantuvo el Papa con argentinos participa el empresario Ricardo Fernández Núñez, titular de la Fundación Lumen Pacis y parte de la delegación que acompañó al Papa a Tierra Santa en febrero de 2013 como parte del grupo Diálogo Interreligioso. Cuando era aún el cardenal Bergoglio, el actual pontífice fue parte del operativo financiado por Fernández Núñez para inaugurar en el año 2000 una capilla dedicada a la Virgen de Lujan en Usrunow, en las afueras de la capital polaca. El empresario es parte de Dialogo Interreligioso.

Otra vez la coincidencia hace aparecer a Fernández Núñez  como parte de la trama mapuche y el kirchnerismo de un modo inesperado. Aquella compañía que le vendió la estancia “El Amigo” a Sanfelice, el administrador de los Kirchner, está asociada al empresario que llevó la Virgen de Luján a tierras polacas y hoy forma parte del “circulo argentino” que rodea el pontífice.

En efecto, la empresa “Las Chinitas SA Agropecuaria”, de acuerdo al edicto del  8 de agosto de 2011, estaba integrada por Socorro Fernández Núñez y Agustina Fernández Núñez, hijas de Ricardo Fernández Núñez. La constitución de la empresa fue hecha por la escribana Alejandra María Nobrega, madre de Socorro y Agustina y esposa de Ricardo. Hasta el 9 de mayo de 2016, Ricardo Fernández Núñez fue su presidente según el edicto publicado el 30 de diciembre de ese año.

Un mes después, Ricardo renunció a una empresa melliza denominada “Las Chinitas del Sur SA”. Esa compañía tiene el mismo grupo de personas en el directorio que la anterior, pero la notaria actuante es Susana Elba Álvarez, que coincidentemente es la misma que intervino en la disolución de Mercado y Transparencia. Otra coincidencia que se suma a otra ulterior y es que la dirección profesional de la Escribana Alejandra Nobrega, esposa de Ricardo Fernández Núñez, es la misma que la dirección legal que tenía la Fundación de las hermanas Alonso.

Y todo vuelve al principio, donde comenzó el relato. En aquel departamento en Florida 662 se unen las partes de la historia, con los reclamos mapuches como música de fondo. De un lado, una procuradora defiende a quienes reclaman por sus derechos ancestrales y es capaz de asociarse a operaciones negras con personajes de sotana o pasamontañas para embestir contra sus enemigos políticos. Por el otro, el hombre que maneja los numerosos bienes de la familia Kirchner opera con total impunidad contra aquellos que reclaman algo similar, pero que no tienen la fortuna de haber comprendido que hay estancieros que pueden ser molestados y otros que compraron las tierras con el adicional de impunidad que les otorga estar alojados por el poder de turno.

Florida 622 piso 3 oficina 10. Es el Aleph que reúne las contradicciones de un relato en el que los mismos pueden aparecer como héroes o víctimas, de acuerdo al gusto ideológico de cada uno. Lo que tiene en común es la sombra de la procuradora y su clan familiar, que insisten en aparecer asociadas por una serie fortuita de hechos a un conflicto en la Patagonia argentina. 

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