El liquidador: ATC sigue funcionando con un único (y desarraigado) empleado

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Cuando los militares fundaron la primera televisora color argentina en ocasión del Mundial de Fútbol de 1978, nunca se imaginaron que su obra perduraría por décadas, incluso hasta gobiernos que exhiben un signo político diametralmente opuesto. Porque pese a que la TV Pública reemplazó a la vieja ATC, sus fantasmas siguen recorriendo los pasillos del canal y a veces aparecen por la tesorería a reclamar su parte del Presupuesto.  

Salario anual de Bernardo Iturraspe como liquidador de ATC

Sucede que, aunque resulte difícil de creer, Argentina Televisora Color SA continúa existiendo. La empresa de televisión estatal, antecesora de la actual TV Pública (Canal 7), se encuentra en liquidación desde fines de enero del 2001, es decir, hace 14 años, y sigue generando costos al Estado. En la actualidad cuenta con un único empleado que es, casualmente, su liquidador. El solitario trabajador costó, sólo en el año pasado, el equivalente a unos 100.000 dólares del presupuesto nacional.

Nombramiento de Bernardo Iturraspe en ATC

Durante el año 2014, el ministerio de Economía, mediante la resolución 1029/2014, le giró a esa empresa en liquidación un total de $829.210, de los cuales el 65 por ciento -$536.411- fueron para el sueldo bruto del liquidador, que cobró un promedio mensual de casi 45 mil pesos. El resto, el 35 por ciento del dinero girado por el ministro Axel Kicillof, fue para el pago del rubro "bienes y servicios" por un monto de $292.799.

Desde el 22 de marzo del 2010, el cargo de liquidador de ATC es ejercido por el abogado Bernardo Pascual Iturraspe. Fue nombrado mediante el decreto 676/2010 por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y desde su arribo a la ex ATC, recibió más de 3.8 millones de pesos para continuar “liquidando” a la empresa televisiva. Y esos gastos fueron autorizados gracias a diversas resoluciones firmadas por los también ex ministros de Economía Amado Boudou y Hernán Lorenzino. En el lapso de 4 años, el liquidador habría embolsado en sueldos la nada despreciable cifra de 2.5 millones de pesos.

Entrega del beneficio de desarraigo a Iturraspe por parte de Amado Boudou

Iturraspe, según la AFIP, tiene domicilio fiscal registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en la Avenida Córdoba al 1300. Sin embargo, de acuerdo con un relevamiento realizado por (Eliminando Variables), goza del beneficio del famoso “desarraigo”, instrumento aprobado en octubre de 1986 y que funciona bajo el paraguas del “decreto 1840”. Ese acto administrativo favorece a todo aquel funcionario que tenga residencia permanente a más de 100 kilómetros de distancia de su trabajo, entregándole un plus a su salario por los viajes que tiene que hacer para realizar sus tareas.

Conformación de Litoral Productores SA

Además del dinero extra por "desarraigo", el actual vicepresidente Amado Boudou, mediante la resolución 526/2010 del 6 de agosto del 2010 (rubricada cuando era ministro de Economía), le entregó a Iturraspe este beneficio, incluyendo un pasaje de ida y vuelta semanal entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Santa Fe. Lo concreto es que durante el 2014, Iturraspe, según documentos que publica este blog, cobró $52.780 extras para su sueldo gracias a ese ítem, cuando su domicilio fiscal se encuentra en la zona de Tribunales, en plena Ciudad de Buenos Aires.

Además de su tarea como abogado y liquidador, el doctor Iturraspe es también productor de seguros. Pocos meses antes de ser nombrado en ATC,  había conformado Litoral Productores SA, una empresa con sede social en la Ciudad de Buenos Aires.  El objeto exclusivo de esa sociedad, era la de “ejercer la actividad de intermediación, promoviendo la concertación de contratos de seguros asesorando a asegurados y asegurables”.

El 6 de diciembre del 2011, mediante la resolución 36.382, firmada por el Superintendente de Seguros de la Nación, el ultrakirchnerista Juan Antonio Bontempo, se le otorgó la matricula N° 72.050 a Bernardo Iturraspe para ejercer como productor de seguros en todo el territorio argentino.

Facsimil de la resolución 36.382, firmada por Juan Bontempo

En Litoral Productores SA, Iturraspe es socio del ex funcionario del ministerio de Economía Carlos Horacio Castro, al que se lo identifica como parte del entorno del vicepresidente. Otro de los socios en la empresa es Walter Hugo Morales, hombre de la gestión Boudou, y que ejerció el cargo de “Coordinador de Planificación Edilicia” del Palacio de Hacienda. De acuerdo con un artículo del diario Clarín de noviembre del 2013, realizado por el periodista Matías Longoni, Morales está siendo investigado por la Justicia ante la sospecha que se forzó a las productoras tabacaleras a contratar un “seguro antigranizo” a favor de Nación Seguros, una subsidiaria del Banco Nación, para cobrarles comisiones ilegales varias veces millonarias.

El actual liquidador de Argentina Televisora Color debió realizar algún esfuerzo extra para lograr el título y ejercer como productor de seguros, ya que afirmó -en su declaración jurada patrimonial tanto de los años 2012 como 2013- dedicarle 160 horas mensuales al trabajo de la vieja marca de la actual TV Pública. Y en ningún lado de esas dos declaraciones (y tampoco en el Boletín Oficial) figura que renunció como “Presidente” de Litoral Productores SA.

Por otro lado, esa misma declaración jurada patrimonial de Iturraspe, presentada ante la Oficina Anticorrupción, es curiosa. A comienzos del 2012, afirmó tener bienes por un total $730.260, concluyendo ese año con $632.572. E inició el 2013 con 635.572 pesos y concluyó el período con $643.917. Es decir, gracias a la función pública, Iturraspe se empobreció, un “caso aislado” en épocas kirchneristas.


La historia oculta de ATC: El caso de la contratación del funcionario de la dictadura

El artículo 1 del decreto 94/2001, firmado por el entonces ex presidente Fernando de la Rúa, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro de Economía José Luis Machinea, el 25 de enero del 2001, disolvió ATC SA, y creó el denominado Sistema Nacional de Medios Públicos.

Contratación de Antonio Juan Garriga en ATC

El primer liquidador del canal de televisión fue el contador público Alfredo Rubén Heredia, que duró en el cargo seis meses y fue reemplazado  por el también contador público Alfredo Rubén Heredia, mediante una resolución firmada por el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.

Heredia perduró en el cargo hasta el 14 de mayo del 2002, cuando fue reemplazado por el abogado Guillermo Ramón Sobral, por un decreto firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

Sobral se mantuvo muchos años como liquidador de ATC, casi desapercibido. Pero finalmente fue reemplazado en el 2010 por Bernardo Iturraspe.

Durante 3 meses del 2006, a la vez, se decidió contratar a un especialista en números: Antonio Juan Garriga. Según la Decisión Administrativa 908/2006, rubricada por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex ministra Felisa Miceli, funcionarios clave durante la presidencia de Néstor Kirchner. Antonio Garriga, tal como se observa en el documento, cobró honorarios por $7.500 en concepto de asesoría durante los meses de enero, febrero y marzo del 2006 en la liquidada ATC.

Durante el año 2006, seguramente, no se investigó en detalle los antecedentes de cada funcionario antes de ser sumado al Estado. De otra forma, no se comprende la contratación del Gobierno al abogado Garriga, quien fue en 1979 funcionario de Fabricaciones Militares.

Antonio Juan Garriga, en decreto secreto de Videla

En efecto, según lo publicado en la pestaña “Decretos Secretos” disponible en la web del Boletín Oficial de la República Argentina, (Eliminando Variables) halló que Garriga fue autorizado a viajar a Bolivia, mediante el decreto secreto 2828/1979, en el artículo 1, como “Jefe de Programación Financiera” de Fabricaciones Militares. En los considerandos de ese decreto, además, se aclaraba que el objeto del viaje, "por su característica y finalidad" no podía encomendarse a la misión diplomática presente en ese país. El viaje de Garriga, que claramente era empleado de esa repartición, estaba relacionado con la implementación de una fábrica de explosivos industriales.

Ese documento reservado, de hecho, tiene la firma de Jorge Rafael Videla y fue oficialmente “subido” a la web  del Boletín Oficial el 27 de octubre del 2014.

Es importante aclarar que un recuadro del Boletín Oficial aclara que “los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto N° 659/1947) (SIC)”.

Es curioso que un gobierno que ejerció durante muchos años una vigilancia muy estrecha sobre el pasado de los funcionarios, casi especializado en detectar a aquellos que prestaron servicios durante la dictadura, hayan pasado por alto este detalle al momento de realizar un contrato con el Estado. Probablemente, tanto Alberto Fernández como Felisa Miceli, firmantes de esa decisión administrativa, puedan ofrecer una buena respuesta al respecto.


Los presupuestos de ATC liquidada desde el 2003 a la fecha

Desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 hasta el presente, Argentina Televisora Color en liquidación recibió un total de 7 millones de pesos de presupuesto.

Vale destacar que el artículo 58 de la Ley 25.967 había establecido como fecha límite para la “liquidación definitiva” de los entes en proceso de liquidación el 31 de diciembre del 2005, algo que claramente no se cumplió.

Curiosidad de origen de fondos para ATC en el 2004

A partir del arribo del Kirchnerismo, prácticamente todos los ministros de Economía del Gobierno autorizaron mediante resoluciones la continuidad de la liquidación de ATC. En general, los fondos salían directamente del tesoro, con excepción del año 2004, donde el dinero, según la resolución 627/2004 firmada por Roberto Lavagna, provino en parte de la “Corporación Argentina de Productores de Carne (en disolución) para afrontar los gastos inherentes a su proceso liquidatorio”.

Un análisis realizado por este blog sobre los montos estatales asignados como presupuesto para ATC, reveló que en el 2003, se entregaron 170 mil pesos; en el 2004, 582.180 pesos; en el 2005, 351.078 pesos;  en el 2006, 391.290 pesos; en el 2007, 464.273 pesos; en el 2008, 541.311 pesos; en el 2009, 595.634 pesos; en el 2010; 816.305; en el 2011, 816.680 pesos; en el 2012, 542.468 pesos; y en el 2014, 829.210. No se entregaron cifras de presupuesto 2013 para la ATC liquidada, aunque una fuente consultada off the record le informó a (Eliminando Variables) que el gasto rondó los 800 mil pesos.

En cuanto a empleados, las cifras de contratados variaron hasta el año 2011. Ese mismo año, Diego Cabot, periodista del matutino La Nación, realizó un interesante artículo sobre empresas estatales en liquidación. Respecto a ATC, el periodista decía: “Será posible, por ejemplo, toparse con el logo multicolor de Argentina Televisora Color (ATC), el viejo nombre del canal estatal que aún está en liquidación y que tiene cinco empleados, según declaró la empresa este año, y que tienen un sueldo promedio bruto de $ 9653 cada uno”.

Según el Presupuesto 2014, la liquidada ATC no posee ningún contratado y el único empleado es el abogado y productor de seguros Bernardo Iturraspe.


Los juicios sin terminar, la causa por la que sigue existiendo ATC

Los números actuales de Argentina Televisora Color en cuanto a litigios que justifiquen 14 años después la continuidad como empresa estatal, se desconocen. Sin embargo,  de acuerdo con un informe del año 2005 de la Auditoría General de la Nación (AGN), tenía a fines del 2004 un total de 86 juicios laborales (por un monto original de $5.647.227), era actora en 69 causas judiciales comerciales (por un monto original de $4.854.203), mientras que fue demandada en 48 causas de ese mismo fuero (por un monto original de $19.232.672).

No obstante, esos números palidecían frente a la causa denominada “ATC SA sobre Concurso Preventivo”, que ya para fines del 2004 estaba “cerrado, pendiente de cancelación de incidentes”, y cuyo monto original ascendía a los $72.319.922. Otra causa no menos importante y relacionada a la anterior, prescribió en abril del 2006, cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió sobreseer al empresario Gerardo Sofovich por supuesta administración fraudulenta durante los 9 meses que duró su gestión al frente de ATC en 1992 (entre marzo y diciembre de ese año).

Particularidades de un juicio del año 2005

Oyarbide, por aquel entonces,  había remarcado que durante la gestión de Sofovich el canal había perdido 8 millones de pesos (o dólares por aquellos años), pero que el gran desorden administrativo fue provocado por gente del directorio que acompañó inicialmente a Sofovich, y continuó hasta 1995, fundamentalmente tanto con el faraónico proyecto de "ATC Cable" como con la televisación de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata de ese año. El perjuicio al Estado había totalizado unos 47 millones de pesos y mientras que por un lado el hoy cuestionado juez había liberado de responsabilidad al empresario televisivo y ex interventor de ATC Sofovich, por el otro decidió procesar a un ex secretario privado de Carlos Menem, Héctor Fernández, y a los miembros del ex directorio de ATC durante una parte de la década de los noventa, Enrique Álvarez y Raúl Rico. Las tres personas, a las que se les había trabado embargos de 15 millones de pesos a cada uno, estaban vinculados a las firmas Merchandising Consultants SRL, International Merchandising SRL y Prodomo SA, que se habían adjudicado la comercialización de los espacios de publicidad y televisación del evento panamericano, como así también al gasto de grandes cantidades de dinero en equipamiento técnico que nunca fueron utilizados (o pagados y nunca entregados por parte de los proveedores), y que en general terminaron arrumbados –según se desprende del escrito de más de 50 páginas de Oyarbide- en un depósito.

Unos meses después, en junio del 2006, un fallo de la Sala II de la Cámara Federal, consideró prematuro el sobreseimiento de Sofovich y otros directivos por parte de Oyarbide, revocando la prescripción de acción penal del empresario por su supuesta relación con la firma Prodomo SA, y por supuesta omisión en el pago de obligaciones previsionales del personal del canal. Finalmente, después de varios peritajes, idas y vueltas, el conductor y animador fue sobreseído definitivamente.

Posteriormente, y con gestiones igual de "exitosas", la deuda del canal público se incrementó hasta los más de 72 millones de pesos de quebranto arriba descriptos, haciendo inmanejable su situación. El problema con ATC llegó a tal punto que el ex presidente De la Rúa, como se informó más arriba, ordenó la liquidación del canal en el 2001, y puso cuotas de aportes del Estado muy específicas al nuevo sistema de medios creado (el decreto 94/2001 ordenaba desembolsos hasta fines del año 2003), que obviamente no fueron cumplidas.

Según la auditoría realizada por la AGN, en el 2004 ATC contrató externamente a dos estudios de abogados para causas tanto laborales como comerciales. En la parte laboral, quien fue responsable del seguimiento de juicios fue el Estudio Funes de Rioja & Asociados, aunque no se tiene en claro en la actualidad si ese bufete legal sigue representado a la ex marca del canal de TV de la Avenida Figueroa Alcorta. El resto de las causas judiciales las continúa llevando el Estudio Cassini, según lo revela la misma web de esa empresa de abogados.

Auditoría sobre ATC de la AGN en el 2004

Con posterioridad a ese informe de la Auditoria General de la Nación, se continuaron abonando los costos de los juicios perdidos por el canal y las costas judiciales correspondientes.  En ocasiones, se utilizó la venta de propiedades para afrontar los costos judiciales. Es lo que sucedió en el 2005 en el juicio laboral iniciado por “Héctor Ramón Acosta y otros contra Argentina Televisora Color SA por despido”, tramitado por el Juzgando del Trabajo 55, donde se subastó un inmueble de la calle Gurruchaga al 2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por aquel entonces estaba ocupado por la Asociación de Pilotos de Carretera. La base de venta de ese inmueble, que tenía garaje y oficinas en dos plantas -tal como se muestra en el documento adjunto-, fue por la hoy irrisoria cifra de 10.267 pesos. Las estimaciones más conservadoras, indicaban el que la propiedad debía ser tasada en una cifra al menos diez veces mayor.

Tras esa subasta, los juicios contra ATC tomaron un perfil extremadamente bajo, probablemente por los acuerdos extrajudiciales a los que se arribó o por presiones políticas.

Al haber transcurrido una década desde que se realizó el informe de la AGN, es muy probable que los montos y demandas se hayan modificado sustancialmente, aunque lo que queda en claro es que los juicios continúan, según se explica con claridad en el ítem “Causas Judiciales” del Presupuesto 2014 que aprobó Axel Kicillof en diciembre pasado. Allí se dice textualmente: “Se continuará la labor conjunta con la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS sobre las causas judiciales en trámite como actores o demandados”. Y agrega: “Se instará el proceso concursal hasta lograr su total conclusión”.

Decreto de disolución de ATC del 2001, firmado por De la Rúa

No se sabe con certeza cuánto terminará finalmente costando al Estado la herencia de ATC y el desmadre que transcurrió en ese canal desde el momento de su creación. Se trata de una trama que esconde compromisos políticos extremadamente costosos para el erario público, negocios que siempre terminan siendo ruinosos para el Estado y personas que cobran sueldos hace años para no terminar de cerrar un canal que -se suponía- ya debía estar liquidado hace nueve años.

Mientras tanto, un liquidador solitario sigue en su puesto cobrando un excelente sueldo y quizá dedicándose en paralelo a la venta de seguros, mientras recibe un desarraigo igual de generoso que tiene su explicación en el simple hecho que debe prestar servicio lejos de la Argentina, en un sitio misterioso donde ATC debe seguir funcionando.

En Twitter: @EliminandoV