Axel te está llamando: Economía contrata a una consultora para saber qué piensan los argentinos sobre la inflación

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

La suba de precios desvela al titular de Economía Axel Kicillof. El ministro descree de los números que le proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), quizá algo que va en línea con las críticas que realizaba sobre esa entidad oficial desde su antigua consultora CENDA –Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino-, antes de asumir en la función pública.

Carátula de la licitación privada 11-2014 del Ministerio de Economía

Seguramente presionado tras su desembarco en el Gobierno, Kicillof debió quitar del sitio web de CENDA los datos propios del IPC que difundía a partir del observar los incrementos de precios en siete provincias de la Argentina. En ese momento, el hoy joven ministro perteneciente a la agrupación La Cámpora, no criticaba a los consultores privados por su supuesta falta de “seriedad”, al publicar datos sobre precios.

Lo concreto es que el mismo que día en que Kicillof llamaba a licitación privada para la contratación de una consultora que audite los precios de 200 productos en 20 supermercados de todo el país, información que había ofrecido en exclusiva (Eliminando Variables) y que tuvo amplia repercusión nacional,  la cartera de Economía también solicitaba la contratación de una consultora de opinión pública para que releve, durante el lapso de seis meses, las percepciones que tienen los argentinos sobre las políticas inflacionarias del Gobierno, como así también el nivel de aceptación del programa Precios Cuidados, una de las creaciones del ministro.  Los documentos de esta licitación revelan que los resultados de estos trabajos se utilizarán para desarrollar “nuevas políticas” en la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Augusto Costa.

Esta nueva contratación, lanzada desde Economía, se realizó mediante la licitación privada 11/2014 –expediente S01:0109205/2014-, a la que accedió (Eliminando Variables), y que tiene el objeto específico de contratar “un servicio de consultoría por el plazo de 6 meses para el desarrollo de las políticas de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR focalizado en: análisis de las percepciones y nivel de aceptación de la política de PRECIOS CUIDADOS y análisis de las percepciones sobre inflación”.

Probablemente, este sea uno de los pocos documentos oficiales que dejaron trascender desde el Ministerio de Economía en casi una década,  donde se anuncia específicamente la realización de un estudio de opinión sobre la inflación, y que demuestra la preocupación existente entre las máximas autoridades del kirchnerismo con el tema. 

Las encuestas se realizarán tanto en el área denominada “AMBA”, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, como en todas las regiones del interior del país, mediante la metodología denominada IVR. Esa modalidad se realiza mediante un contacto telefónico con interacción, una técnica muy utilizada en la actualidad. El estudio por IVR, consiste en pedirle al encuestado que seleccione opciones con el teclado del teléfono para emitir su opinión sobre determinados temas. Los pliegos, por otro lado, agregan que la metodología de encuestas se complementará con la realización de “grupos focales”, una forma criolla de llamar a los "focus groups".

Detalles del estudio de opinión pública sobre inflación

La consultora de opinión pública deberá mostrarle al ministro cuáles son los efectos de la inflación sobre los segmentos más desprotegidos de la población, a la vez que le revelará de qué modo son tomadas las cifras ofrecidas por el INDEC por la mayoría de los argentinos.

Como se dijo anteriormente, se trata de una tarea novedosa dentro de la administración de Cristina Kirchner, que durante años negó que los índices inflacionarios fueran significativos y por lo tanto que tuvieran algún impacto en los sectores bajos y medios de la sociedad. Nadie gasta dinero en realizar estudios de opinión pública si no existe un interés o motivo en particular para efectuarlas, o bien si el tema lo amerita. Por lo tanto, si la contratación de una encuestadora reconoce la desconfianza oficial en el INDEC, el trabajo de opinión revelará por primera vez, y en forma documentada, la preocupación que tienen los funcionarios por la inflación sobre el segmento más numeroso del padrón electoral.


Detalles de las Encuestas, Objetivos y Costos

Tal como sucedió con la contratación de la consultora privada que buscará medir la evolución de precios en supermercados, se desconoce hasta el momento cuál es la empresa ganadora de esta licitación privada. Recordemos que esta modalidad de acto administrativo se caracteriza porque el licitador elige a quienes van a invitar a participar en la compulsa.

Dentro de las especificaciones técnicas de la licitación privada 11/2014, se aclara que el objetivo primario de estos trabajos es “obtener información cualitativa referida a cómo evalúa la opinión pública el programa Precios Cuidados y un análisis respecto a la evolución del mencionado programa”. Así, se le exige al futuro contratado que realice un “análisis de la percepción de la situación económica”, una “evaluación del Programa Precios Cuidados”,  que busque “opiniones, actitudes e intereses respecto al Programa  Precios Cuidados”, y efectúe un análisis de su evolución.

Para el área del AMBA, es decir, CABA  y Gran Buenos Aires, Economía solicitó la realización de seis informes mensual mediante formato IVR, durante seis meses,  que constará de 800 casos efectivos (ambos sexos, mayores de 16 años, todos los niveles sociales), con un índice de confianza del 95% y error de +/- 3.46%.


Más detalles del estudio de opinión pública encargado por Kicillof

En el caso del trabajo de IVR a nivel nacional, este se realizará por regiones: Chaco (provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero); Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes y Misiones); Noroeste NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja); Cuyo (San Juan, San Luis, y Mendoza);  Pampeana (Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe) y Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur). Serán tres informes dentro de los seis meses de contrato.  La muestra mínima aceptada consistirá en la evaluación de 1.500 casos efectivos (ambos sexos, mayores de 16 años, todos los niveles sociales),  y que deberá poseer un índice de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3.46%.

Uno de los datos más curiosos de ambas encuestas es el cuestionario. Por ejemplo, en el caso de la encuesta a realizarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se exigirá un mínimo de 15 preguntas, que deberán ser “cerradas, alternativas simples y múltiples, con escalas de opinión”. Y en el caso del interior del país, la cifra se eleva a 30 preguntas. ¿Qué tipo de preguntas específicas se harán? Es imposible saberlo aún, ya que en el documento no se dan pistas sobre el contenido de las mismas.

(Eliminando Variables) consultó a un conocido experto en opinión pública que relativizó el armado y efectividad de estos cuestionarios. “Hay que ser serios, ya que realizar más de 15 preguntas con la técnica de IVR es un verso, nadie puede hacerlo”. Y agregó: “Sucede que a la sexta pregunta telefónica, la gente comienza a cortar, por lo que el número de personas que aceptaron inicialmente a participar, empieza a disminuir drásticamente”. 

El experto, que prefirió mantenerse en el anonimato ante las consultas de este blog, continuó: “Para realizar una encuesta con IVR en el área de AMBA con 800 casos efectivos, el trabajo implicaría hacer al menos 8 mil llamados telefónicos, es decir, 10 veces más llamados telefónicos que la gente a medir. Haciendo un muy buen precio, con análisis (costo “cerebro”, como se le dice en la jerga), el trabajo no baja de los 20 o 25 mil pesos por medición”. Es decir, de acuerdo con los datos de la licitación, y tomando como referencia los datos entregados por este profesional, por mes esta encuesta le costaría al Estado $120.000, que llevado a 6 meses, totalizarían unos $720.000, en su versión más económica para el área metropolitana, si se quiere realizar una tarea que ofrezca resultados certeros.

En el caso del trabajo nacional, los costos se disparan. “Es imposible hacer 30 preguntas por teléfono y tener resultados efectivos”, advierte el especialista, “por lo que habría que realizar una parte del trabajo en encuestas presenciales, que tienen otro valor, con el fin de otorgarle algo de seriedad al muestreo”. Y concluye: “Una encuesta como la que se pide, en el interior de la Argentina y con focus group incluido, no puede tener un costo menor a los 200 mil pesos”.

Cláusulas de confidencialidad para las encuestas pedidas por Kicillof

De esta forma, y en el mejor de los casos, Kicillof desembolsaría al menos $600 mil para la realización de tres encuestas nacionales hasta el mes de junio del 2015. Por lo tanto, medir la opinión de los argentinos sobre el programa Precios Cuidados y la percepción que se tiene sobre inflación, a precio económico de mercado, costará al menos $1.320.000 si se suman los gastos de relevar las opiniones en todo el territorio argentino (AMBA e Interior). 

Por último, se sabe que no se harán públicos los resultados de estos trabajos de percepción de opinión sobre la inflación. En los pliegos de la licitación se aclara específicamente que serán confidenciales.

Al asociar esta encuesta con la contratación de una consultora privada para hacer seguimiento de precios en todo el país, se confirma que la inflación es un problema real y tangible para el gobierno, pese a que la negación sobre sus efectos lleva ya una década. No existe delito ni contradicción en el llamado a consultoras privadas para medir percepciones. Pero surge una pregunta necesaria frente a ambas medidas:  ¿Por qué hubo que esperar once años para preocuparse por los precios y su efecto en el electorado? Quizás el sentido de urgencia sea un efecto del fin de ciclo que muchos niegan y todos saben que está cercano. 

En Twitter: @EliminandoV