Curiosidades: La encuesta del millón

Por José M. Stella

Con fecha 17 de mayo del 2013 y bajo la disposición DNM N° 001431, Martín Arias Duval, director Nacional de Migraciones (organismo dependiente del Ministerio del Interior y Transporte), firmó la adjudicación de la contratación directa 11/2013 que benefició a la consultora Julio Francisco Antonio Aurelio SA en $ 1.016.400.

Contrato de Adjudicación con Aurelio

El motivo de la contratación es el desarrollo de un “Plan de Estudios Sistemáticos de Opinión Pública, Diagnostico y Seguimiento de Gestión” en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) con el fin de conocer  el “impacto de las medidas tecnológicas implementadas durante el último bimestre del año 2012 y transcurso de 2013 con las instalación de equipos biométricos de control migratorio…”.

Aurelio,  encuestador muy consultado durante los tiempos de elecciones, se comprometió a realizar once encuestas telefónicas para la DNM, por un período que abarca desde mayo del 2013 hasta marzo del 2014, a un costo final de $ 92.400 cada una, mediante el uso de una división conocida como ARESCO INSTANT RESEARCH.

 

La adjudicación por contratación directa, de hecho, fue una licitación previamente “pensada” en Aurelio, basada en el decreto 1023/01, específicamente el artículo 25, inciso d), apartado 2.  Tal como puede verse en la imagen adjunta, los documentos se denominan “Bases del Llamado AURELIO.doc”.   

 

Captura de imagen en Argentina Compra

En el texto del decreto 1023/01 se explica que “la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional”.

Al respecto, se argumenta en la adjudicación firmada por Arias Duval que el contrato con Aurelio es a medida  debido a que “en el presente no se encuentran vulnerados los principios de publicidad, concurrencia e igualdad atento a la ausencia de puja producto de la falta de pluralidad de oferentes”. Es decir, Aurelio sería la única firma en el mercado que hace este tipo de trabajos.

Consultados informalmente algunos profesionales conocedores del rubro, señalaron que el valor de una encuesta telefónica, de entre 2.500 y 3.000 casos, tenía un costo si se hacía mediante IVR (Interactive Voice Response) de entre 10 y 20 mil pesos, aunque si se realizaba mediante  “Call Center”, el precio se incrementaba hasta cifras que iban de 20 a 30 mil pesos. El contrato que beneficia a Aurelio, de hecho, es por once encuestas de 2.700 casos, de residentes de todo el país, telefónica, con el fin de encontrar a aquellos que notaron mejoras. Lo llamativo es que no se pregunte ni en los aeropuertos o terminales fluviales,  lugares donde se concentran grandes cantidades de viajeros.

También llama la atención que el Ministerio del Interior y Transportes, organice estas encuestas de más de un millón de pesos para saber el grado de satisfacción de los sectores sociales que pueden viajar al exterior, en lugar de concentrarlos en otras áreas de su órbita como los trenes, que demandan de inversiones urgentes y cuya normalización siempre se halla jaqueada por la falta de fondos. 

Pliegos del contrato con Aurelio

En los pliegos de licitación, además, se aclara en la parte de “Metodología” que las encuestas son parte de un plan de mediciones de periodicidad mensual que podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades que se generen, “y el contexto socio-político”. La duda que aquí surge es si podría llegar a utilizarse estas encuestas para medir imagen de candidatos (Ver imagen adjunta).

Julio Aurelio viene de enfrentar un cuestionamiento por sus contratos con entes públicos. El bloque de concejales de Libres del Sur de la Municipalidad de Neuquén le exigió en septiembre de 2012 que dé a conocer los resultados de sus trabajos contratados por el gobierno de esa ciudad. En esa oportunidad, mediante el contrato 311/12 se le adjudicó también de manera directa un servicio de medición y asesoría por $435.000 pesos, aunque en esa oportunidad el trabajo abarcó un año completo.  Los ediles opositores concluyeron que si el consultor recibía dinero por medir las tendencias electorales, los resultados debían estar a disposición de todos los partidos en lugar de quedar en manos del grupo político que lo encargaba.

¿Estarán los resultados encargados por el Ministerio del Interior y la Dirección de Migraciones para ser consultados por todos?

(Este artículo fue realizado con la colaboración de Ignacio Montes de Oca) 

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