Kicillof contrató a estudio de abogados "blue" para diseñar estrategias que evadan efectos del fallo de Griesa

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Que un funcionario kirchnerista reconozca haber cometido un error es un hecho tan inusual que, cuando lo hacen, confiesan sus yerros en algún documento siempre difícil de encontrar. Es el caso de la negociación con los holdouts, conocidos localmente como los "fondos buitre", en la que el equipo del ministro Axel Kicillof se presentó como un triunfador,  mientras ordenaba contratar con sigilo a otro estudio de abogados neoyorquino para que le resolviera las complicaciones que traía aparejada su estrategia de resistencia épica frente al embate de los fondos especulativos.

Dictamen de la Procuraduría en donde se revela contratación de THSH

Y es así que a la millonaria contratación del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP de New York para que represente a la Argentina ante el juez "municipal" Thomas Griesa, se sumó un nuevo refuerzo, también pagadero en dólares estadounidenses. 

Desde agosto del 2014, la República Argentina cuenta con un segundo estudio de abogados abocado a tratar de resolver el tema del default.Se trata del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH),quien se encargará de buscar estrategias que garanticen a aquellos bonistas que accedieron tanto a los canjes del año 2005 como del 2010 (y que se encuentren en los Estados Unidos) cobrar los montos actualmente bloqueados por los fallos del juez Thomas Griesa.

La contratación de THSH, según los términos del acuerdo que firmó el Subsecretario Legal de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Diana, y al que accedió (Eliminando Variables), no está relacionada con la defensa de la Argentina ante el juzgado de Griesa,ya que en esa tarea se desempeña desde 1989 el estudio Cleary Gottlieb.

La decisión de solicitar los servicios de esta empresa de abogados, de hecho, también puede verse como "un castigo" hacia Cleary Gottlieb por no poder lograr ante las cortes norteamericanos los objetivos que se había propuesto el país al momento de litigar con los holdouts.

El acuerdo con el bufete legal fue autorizada mediante una contratación directa por especialidad, del Ministerio de Economía, cuyo expediente es el S01:0163016/14, y cuyo objeto es pedirle a Tannenbaum Helpern Syracuse& Hirschtritt LLP, que “asuma la representación de la República Argentina en ciertos asuntos derivados de los efectos de las medidas adoptadas por la Justicia de los Estados Unidos de América en la causa NML Capital Ltd et al v. Republic of Argentina, en trámite por ante el Juzgado de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América” (Sic). En otras palabras, deberá tratar de arreglar los efectos de la mala estrategia argentina en el tribunal de Griesa.

Fundamentos de la contratación de THSH

El Gobierno, de hecho, justificó la contratación de THSH en que las medidas judiciales adoptadas por el juez Griesa, afectaban“en forma ilegítima” las relaciones entre el país y los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.  Al respecto, en un párrafo donde se fundamenta la contratación de ese estudio, se explica que el estudio de abogados buscará “garantizar el efectivo cumplimiento por parte de la República Argentina de las obligaciones asumidas con los mencionados bonistas”, como así también que “las entidades financieras” acaten los contratos que permitan a los bonistas cobrar.

El juez Griesa, con su fallo “Pari Passu” (tratamiento igualitario), impidió que los bonistas que ingresaron a los canjes cobren el dinero que Argentina les debe, hasta que el país no le pague a NML y a otros fondos que ganaron la demanda por –aproximadamente- unos US$ 1.700 millones. Ante la negativa Argentina de pagar, el juez propuso a un mediador, Daniel Pollack, con el fin de que el país y los holdouts acuerden la forma de pago.  

En marzo del 2015, la Argentina afirmó en un escrito presentado ante el juzgado de Griesa, que recibió 120 demandas por US$ 5.400 millones perteneciente a 37 grupos de litigantes, integrados por 526 personas, como así también fondos de inversión.  En total, hay 28 reclamos sin sentencia favorable previa y 498 pedidos “pos judiciales”.

Entre los “nuevos demandantes” se encuentran el mismo NML Capital (con 8 litigios por US$ 1656 millones), Kenneth Dart (US$ 725 millones) y Aurelius (2 nuevos litigios por US$ 324 millones).

Esos acreedores solicitaron al magistrado estadounidense sumarse en calidad de "me too" a la sentencia a favor de NML Capital, Aurelius y otros, lo que les permitiría ganar el litigio en una especie de juicio express. Sin embargo, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, encargado de defender en los estrados estadounidenses al país, dijo que una parte sustancial de esas demandas ya obtuvieron demandas a su favor, lo que transformaría a esas demandas adicionales –según los abogados- en cosa juzgada. Argentina teme que si Griesa le permite a los “me too” ingresar como litigantes, la cifra se incrementaría a más de US$ 14 mil millones.

La falta de un acuerdo por los 1.700 millones que se demandaban inicialmente, multiplicó exponencialmente el monto de los reclamos. Queda claro que  ésto no hubiera sucedido de haberse buscado un acuerdo - estrategia preferida del antecesor de Cristina Kirchner - y que el gasto que demandará contratar THSH nunca existiría de haberse optado por esa vía. 


El contrato con Tannenbaum Helpern Syracuse& Hirschtritt LLP

Los términos específicos de las tareas que realizará Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP para el país se mantienen confidenciales, ya que (Eliminando Variables) sólo pudo acceder a un dictamen de la Procuración General del Tesoro en donde se detalla la parte medular de ese convenio.

En el documento al que accedió este blog, se afirma que “para empezar a trabajar”, y como anticipo,  la firma con sede en el 900 de la Third Avenue en la ciudad de Nueva York, le cobró al país US$ 35 mil ($289.100, al cambio de aquellos días), dinero que salió del área de “Coordinación Área Análisis y Ejecución de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas”. Está claro que la cifra final a desembolsar por parte del gobierno argentino será muy superior a ese número.

Economía, para justificar la contratación directa por especialidad, afirmó que debido “a la atención de los asuntos a encomendarse, dada su complejidad técnica, sumada a la necesidad de adoptar urgentes acciones que permitan reencauzar las relaciones entre el Estado Argentino y los bonistas que ingresaron a las operaciones de canje, tornan aconsejable adecuar el obrar de la Administración a las pautas rectoras de la adjudicación simple por especialidad”.

La Procuración, mediante el dictamen 144/14, expediente PTN S04:0037864/14, y con fecha 11 de agosto del 2014,  señaló que la propia Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señaló que “el Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas es competente para el dictado de la medida bajo análisis” (Sic), lo que podría interpretarse sin mucho margen de error como que la decisión de contratar a este estudio de abogados estuvo avalada y autorizada por el propio Axel Kicillof.

Anticipo a pagarle a THSH por el asesoramiento legal en el caso NML

La Procuración General del Tesoro, que finalmente aprobó el contrato entre la Argentina y el estudio THSH, sin embargo, le realizó algunas recomendaciones a Kicillof. Con la firma del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez, se le exige a Economía “agregados” al convenio con  Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP que, en principio, el acuerdo original no tenía. Este llamado de atención tiene que ver con la relación contractual que el equipo de Kicillof establece con los nuevos abogados. 

Por ejemplo, Diez dice textualmente: “Sin perjuicio de lo expuesto en el acápite anterior, y para la instancia en la que se instrumente el contrato a suscribir con el mencionado estudio, me permito recordar la necesidad de que en aquél se establezca la responsabilidad propia y exclusiva del co-contratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional, conforme lo disponen las normas transcriptas”. 

El subprocurador Diez también le recuerda a los hombres de Kicillof: “Resultaría conveniente la inserción de una cláusula relativa a la intransferibilidad del contrato, toda vez que las obligaciones asumidas por los letrados integrantes del estudio a contratar, revisten el carácter de “intuitu personae””.

En otro de los puntos, el funcionario de la Procuración afirma: “En lo que respecta al objeto del contrato sería pertinente especificar el deber de información que es menester en este tipo de contrataciones por parte de los abogados que actúan en representación del Estado Nacional, a través de la producción de informes y otros documentos que le sean exigidos por la autoridad contratante a fin de intercambiar información y coordinar la estrategia y posición a sostener en la actuación judicial”.

Recomendaciones legales  del subprocurador Diez hacia el equipo de Kicillof

Las fallas en la redacción inicial del convenio, además, provocaron que Diez recomiende que “el convenio a suscribir contemple la obligación de los profesionales de no ser patrocinantes o apoderados, ni asesores, en causas o asuntos contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados”. Esa observación tiene que ver con el manejo de información sensible por parte de THSH, que podría traducirse en un magnífico negocio para los que manejan papeles de la deuda argentina o contratos atados a su evolución. 

En el informe de Diez,incluso, se hizo una última observación sobre el contrato con THSH: “Se debería establecer la posibilidad de rescisión contractual y la previsión relativa a la jurisdicción ante la cual han de resolverse los eventuales conflictos que se susciten a partir de la relación contractual que se establece”, afirmó. 

Se trata de errores incomprensibles para un hombre como Axel Kicillof, con una muy extensa currícula que acredita su vasta experiencia en el mercado de capitales. 

Llama también a la atención que quien habría sido responsable de redactar el acuerdo con el bufete neoyorquino, el abogado Rodolfo Diana,  tenga tantos errores en la confección de un contrato. Sobre todo, porque unos meses antes de la firma de este convenio con Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP, el funcionario de Economía fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

Sea cual fuere la razón de tantas observaciones desde la Procuración, queda claro que ahora Argentina decidió contratar un nuevo estudio de abogados para que corrijan los yerros cometidos en la etapa anterior de la negociación de la deuda en default. Y esa contratación, que no es por un costo menor dada la experiencia que se arrastra del gasto en anteriores instancias, viene a buscar una solución a decisiones tomadas por los mismos funcionarios. Que se haga sin anuncios oficiales y con sigilo, quizás tenga que ver con la imposibilidad de asumir que hubo un error en los pronósticos, algo que en palabras del propio ministro Kicillof, pareciera ocurrirles a los que "viven en un termo", como bien supo definir en una conferencia de prensa el 18 de abril de 2015, al evaluar a los economistas que cometieron la humanidad de no ser certeros en sus predicciones.

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