Informe de la AGN muestra el total desbarajuste existente en el control de las Obras Sociales de la Argentina

Personas inscriptas después de su fallecimiento; prestadores con inscripción vencida; contratos expresados sólo en una plantilla de “Excel”; Obras Sociales “fundidas”, sin balances y sin explicar movimiento de fondos; inconsistencias entre el número de beneficiarios y los padrones; Obras Sociales sin Cartillas Médicas y sin Plan Médico Asistencial;  multas impagas, entre otros,  son el resultado de un extenso informe sobre la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación denominado  “Evaluar la gestión en orden a la misión asignada al organismo en cuanto a la supervisión, fiscalización y control de las obras sociales y agentes del sistema..”, realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Facsímil del informe de la AGN

De hecho, el informe puede considerarse la segunda parte de la categórica auditoría de la AGN dado a conocer en marzo del año pasado, que reveló un millonario fraude entre el Estado y las Obras Sociales en donde se constató, por ejemplo, que el propio auditor médico de la Obra Social del Ministerio de Economía, carecía de título médico, no pertenecía a esa obra social y era socio fundador de una prestadora de medicamentos del sistema conocida como Vitha Pharma SA. Incluso, surgió el descubrimiento que 117 pacientes recibieron medicación por un valor superior a 2 millones de pesos, una vez fallecidos.

El trabajo de la AGN, que fue publicado a mediados de octubre del 2012 y que tuvo muy poca repercusión (quizá por ser más complejo), reveló, por ejemplo, que 334 beneficiarios del padrón de la Superintendencia de Servicios de Salud se sumaron al sistema con fecha posterior a su fallecimiento.

La investigación efectuada por el organismo que dirige Leandro Despouy, específicamente diseñada para evaluar la gestión de supervisión sobre de obras sociales y agentes del sistema de salud, indicó que la mayor cantidad de beneficiarios fallecidos se advirtió en los padrones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), fundamentalmente en el período 2008-2010. Las bases de datos, según la AGN, fueron entrecruzadas contra “las suministradas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), tomando como fechas de alta en la Obra Social contra las del fallecimiento respectivamente”.  

Las inconsistencias, también, se observan en la misma “Intranet” de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, en el informe que la misma AGN realizó sobre el padrón de las Obras Sociales en la Argentina, había detectado una sola Obra Social intervenida (Obra Social Luz y Fuerza de Córdoba), mientras que para el organismo existían 7 Obras Sociales intervenidas. En igual sentido, las Obras Sociales concursadas alcanzaban para la AGN el total de 37 y dos no homologadas, aunque para la Superintendencia la cantidad era sólo de 35.
 

El informe, a la vez, mostró que los 169 juicios en los que la Superintendencia era actora no estaban registrados contablemente. En total, había iniciado 31 demandas a Obras Sociales. Tampoco como demandada, figuraba en registros contables: 195 casos, de las cuales 63 pertenecían a juicios realizados por Obras Sociales.

Por otro lado, el trabajo de la AGN reveló que el 14 por ciento de los prestadores de servicios en Obras Sociales no cumplía con sus prestaciones, y el 76 por ciento lo hacía parcialmente tras los reclamos. Además, el 51 por ciento de las Obras Sociales no cumplían con la difusión, promoción o publicidad de sus servicios, contra el 24 por ciento que lo había parcialmente y un 15 por ciento que no pudo ser constatado.

En relación a los aspectos de control económico financiero que debía hacer la Superintendencia, casi el 8 por ciento de los prestadores analizados (263) no poseía registros en la entidad. Incluso, 97 Obras Sociales (37 por ciento) verificaron atrasos en sus registros, 205 (72 por ciento) no poseían libro de caja de bancos con movimientos de fondos, y 21 (26 por ciento) tenían atrasos graves en esta materia.

Además 20 Obras Sociales no tenían ni inventario ni balance y 16, de las 263 analizadas, llevaban registros con atrasos considerados como “muy graves”. Tal es así que en el denominado “Libro Registro de Opción de Cambio”, 24 Obras Sociales no lo poseían y 31 Obras Sociales no lo llevaban en forma legal.

Un total de 19 Obras Sociales analizadas no tenían registro de beneficiarios, y 186 presentaban disparidad entre sus registros y el Padrón de la Superintendencia de Salud. Quizá el colmo sea que 35 Obras Sociales no poseían Plan Médico Asistencial, 15 nunca lo habían presentado y 138 nunca había sido aprobado por la Superintendencia.

En cuanto a la Cartilla Médica, 48 Obras Sociales analizadas no la poseían, 44 nunca lo habían presentado y 141 nunca fueron aprobadas por la Superintendencia.

La Obra Social Bancaria Argentina, con 17 multas, la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos con 16, lideran las más sancionadas en el período 2008 a 2010 evaluado por la AGN. Sólo en el 2009, según el organismo de control, se impusieron 105 multas, cancelándose sólo 51 que representaron sólo el 28 por ciento total de las sanciones. Peor situación se observó en el 2010, donde de 86 multas aplicadas, sólo se canceló el 5 por ciento del total (6 multas).

 

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